El fuero federal falló a favor de la provincia que gobierna Ignacio Torres. En la resolución el juez Hugo Sastre ordenó al Gobierno nacional que cese la retención de los fondos coparticipables. La Provincia pidió además “renegociar la deuda en condiciones razonables en un plazo mínimo de 5 años de amortización”.
El gobernador de Chubut había reclamado a la Justicia el dictado de una medida “autosatisfactiva” contra el Estado Nacional para que “cese” la retención automática de sumas de la coparticipación de la provincia en concepto de reembolsos por préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el reintegro inmediato de lo ya retenido.
En la demanda se reclamó hacer cesar “la retención automática de fondos coparticipables” que “son utilizadas como una herramienta de presión política para bloquear recursos coparticipables”, según el texto de 77 carillas donde el gobierno de Chubut.
“Esta situación deberá mantenerse por el plazo de la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial dispuesto mediante la Ley Nº VII N° 94”, sostuvo la presentación firmada por el gobernador Torres; el fiscal de Estado de Chubut, Andrés Giacomone; el fiscal adjunto, Lucas Papini, y el abogado Javier Stampone.
El gobierno de Chubut reclamó que se ordene al Estado Nacional “hacer inmediata devolución a la provincia de las sumas ($10.516.610.155,08) retenidas automáticamente hasta el día 23/02/2024 de la coparticipación federal -como las posteriores hasta la notificación de la sentencia-“.
A lo largo de la demanda se explicó en relación a la deuda que “la tasa de interés se actualiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el avance del proceso inflacionario ocasionado por las políticas implementadas por el propio Estado Nacional causó que la deuda se incremente a la friolera suma de $124.565.021.767,23 para el presente año 2024”.
Ayer, la legislatura del Chubut aprobó un proyecto de ley en el que “se encomienda al Poder Ejecutivo a realizar todas las acciones administrativas, judiciales y métodos alternativos de resolución de conflictos que conduzcan a hacer cesar la ilegalidad y el atropello del gobierno nacional al retener fondos que por derecho le corresponden al estado provincial”.
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