La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó ayer el proyecto que prohíbe la actividad de los lavacoches o trapitos, impulsado por el representante del departamento Rosario, Ciro Seisas, y la adhesión a la Ley Antimafia a partir de una iniciativa de la diputada Ximena Sola.
“Se terminó el vacío legal en Santa Fe. Presentamos la modificación al Código de Convivencia para prohibir la actividad de cuidacoches y limpiavidrios. El espacio público vuelve a ser de la gente”, destacó Seisas en sus redes sociales tras la sesión del Senado. “¿Qué establece la ley? Quien exija dinero por estacionar o lavar en la vía pública podrá recibir tareas comunitarias y prohibición de acercamiento. En caso de reincidencia, arresto de hasta 20 días”, amplió.
Finalmente, el legislador sostuvo: “Tolerancia cero a las mafias. Las penas se agravan en eventos masivos, zonas comerciales o ante situaciones de violencia. Si hay organización o bandas detrás, las sanciones se endurecen aún más”. “La ausencia de reglas es una transferencia de poder: o manda el Estado, o mandan los violentos”, concluyó.
El proyecto de ley, que fue girado a Diputados y cuenta con el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro, establece la prohibición de cualquier actividad de reserva, administración o cuidado de espacios de estacionamiento en la vía pública, así como el lavado de vehículos sin autorización oficial, en el marco general de las actividades del llamado “trapito”. Asimismo, impulsa una modificación del Código de Faltas y define un régimen de sanciones que van desde multas de 10 a 50 unidades fijas hasta el arresto de 5 a 15 días en casos de organizaciones coordinadas o reincidencia.
Dentro de las sanciones que se aplicarían se encuentran el trabajo comunitario de 2 a 10 días como primera infracción, la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la falta como segunda y el arresto de 10 a 20 días ante la reincidencia.
Por otra parte, obtuvo sanción definitiva el proyecto presentado por la diputada Ximena Sola, por el cual la Provincia adhiere a la Ley Nacional 27786 – Organizaciones Criminales. Al respecto, el senador Rodrigo Borla destacó que “esta adhesión resulta muy importante para la provincia porque tiene como objetivo brindar al estado herramientas útiles para combatir al crimen organizado”.
Este jueves, el Gobierno de Maximiliano Pullaro expresó su acompañamiento a la adhesión de Santa Fe a la Ley Antimafia, que permitirá endurecer la pelea contra el crimen organizado. Como se recordará, el mandatario viene promoviendo un enfoque más firme en materia de seguridad, y al momento del debate de la norma a nivel nacional tuvo una participación destacada: en ese momento pidió “no tener miedo en llevar a cabo reformas importantes en materia criminal”.
Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, acompañaron oportunamente el tratamiento de la ley en el Congreso, participando de los debates y exponiendo ante legisladores nacionales la experiencia santafesina en la lucha contra el crimen organizado.
Consultado este jueves por los medios, Cococcioni destacó que “esta iniciativa representa una señal clara: la adhesión a esta ley constituye un nuevo avance en una política sostenida para enfrentar a las organizaciones criminales, y se posiciona como una de las herramientas más firmes impulsadas en este sentido. La adhesión de Santa Fe es una muy mala noticia para quienes integran o financian estas estructuras delictivas”. Para el ministro de Justicia y Seguridad, la normativa marca un cambio de mirada: “El garantismo le hizo mucho daño al país”, remarcó.
La adhesión a esta ley permitirá incorporar mecanismos más robustos para investigar estructuras criminales complejas, con mayor coordinación entre la Justicia provincial, la Justicia federal y las fuerzas de seguridad. Además, introduce un esquema de agravamiento de penas para los delitos cometidos en el marco de organizaciones criminales, poniendo el foco no solo en los ejecutores, sino también en quienes financian, organizan o dirigen estas redes.
En este sentido, desde el Gobierno provincial reiteran que se trata de un cambio de paradigma: pasar de un sistema que muchas veces resultó insuficiente para frenar el avance del delito, a uno que permita actuar de manera más firme, coordinada y eficaz.
Entre los principales alcances de la ley se destacan la profundización del uso de técnicas especiales de investigación, el fortalecimiento de la cooperación interjurisdiccional y la posibilidad de avanzar sobre los bienes y recursos económicos de las organizaciones criminales.
De esta manera, Santa Fe busca consolidar un esquema de intervención integral que permita atacar todas las dimensiones del delito organizado: desde su planificación hasta su financiamiento.
La adhesión, además, se plantea resguardando las competencias provinciales, garantizando que el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia santafesina mantengan plena capacidad de actuación en su territorio, al tiempo que se fortalecen los mecanismos de articulación con organismos nacionales.
También obtuvo media sanción el Mensaje N°36 del Poder Ejecutivo por el cual se modifica el artículo 66 de la Ley 14228 – Código Procesal Penal Juvenil, con el objetivo de que los Jueces de Menores puedan intervenir en casos regidos por el Código Penal, y que se les asignen este tipo de casos en función de criterios objetivos de distribución de carga de trabajo. En este sentido, el senador por el departamento 9 de julio Raúl Gramajo, expresó que “es muy importante que los jueces de menores puedan intervenir en cuestiones de mayores, como ocurre a la inversa. Esto dará agilidad a las causas penales”.
Al momento de realizar homenajes y manifestaciones, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, recordó al Dr. Marco Antonio Terragni, quien falleció recientemente en la ciudad de Rafaela: “Fue una de esas personas que dejan huella, sin lugar a dudas” expresó el legislador.
Además, obtuvieron media sanción un proyecto para crear un Juzgado de Familia en el Distrito Judicial N° 5, con asiento en la ciudad de Rafaela, presentado por el senador Calvo.

