La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exvocero presidencial Manuel Adorni sumó una nueva medida judicial. A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Ariel Lijo resolvió que el exfuncionario deberá informar y solicitar autorización al tribunal en caso de que decida viajar al exterior.
Se trata de la primera restricción procesal dictada desde el inicio de la causa, en la que también está imputada su esposa, Bettina Angeletti. Sin embargo, fuentes judiciales aclararon que no existe una prohibición para salir del país, sino que se aceptó el compromiso asumido por la defensa de comunicar previamente cualquier viaje internacional.
El abogado de Adorni, Matías Ledesma, informó al magistrado que su defendido no tiene previsto abandonar el país. La presentación se produjo luego de que trascendieran versiones sobre una posible mudanza a Uruguay.
Por su parte, el fiscal Pollicita descartó que existan elementos para solicitar la detención del exfuncionario o considerar que haya riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
La medida judicial fue adoptada después de que la diputada nacional Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, ambos denunciantes en la causa, solicitaran que se le prohibiera salir del país.
La investigación
El fiscal también rechazó avanzar, por el momento, con otras medidas procesales. En ese sentido, consideró que las conversaciones mantenidas entre Adorni y el contratista Matías Tabar antes de su declaración judicial no constituyeron un intento de obstaculizar la investigación, aunque entendió que el contenido terminó agravando la situación del exfuncionario.
En un audio difundido recientemente se escucha a Adorni ofrecerle al contratista “todo el soporte que necesites” antes de que prestara declaración como testigo en la causa.
Cuando compareció ante la Justicia el 4 de mayo, Tabar afirmó que Adorni había abonado 245.000 dólares en efectivo por las refacciones de una vivienda adquirida en el barrio privado Indio Cua.
Uno de los principales ejes de la investigación es el costo de esa propiedad, ubicada en Exaltación de la Cruz, y las obras realizadas en el inmueble. Según la causa, la vivienda no fue incluida en la declaración jurada correspondiente a 2024 y fue escriturada por 120.000 dólares.
De acuerdo con la investigación, 20.000 dólares fueron aportados en efectivo por Adorni y Angeletti, mientras que los 100.000 dólares restantes provinieron de un préstamo privado otorgado por Graciela Molina, una jubilada de la Policía Federal, y su hija Victoria Cancio. Posteriormente, el exfuncionario canceló 30.000 dólares de esa deuda y aún debe afrontar el pago de los 70.000 dólares restantes, más un interés del 11%, antes de noviembre.
La causa se inició tras detectarse gastos, viajes y adquisiciones de inmuebles que, según la investigación, superarían los ingresos declarados por Adorni y su esposa.
Nuevos testimonios
La situación judicial del exvocero también se vio afectada por la declaración de Gisela Kocsis, exempleada y responsable de diversas compras vinculadas a las propiedades investigadas.
Ante la Justicia, Kocsis ratificó que abonó más de ocho millones de pesos en efectivo por compras de blanquería y reveló que en mayo de 2025 gestionó la adquisición de un lavavajillas y un lavarropas Whirlpool por aproximadamente 3,1 millones de pesos para la vivienda de Indio Cua. Según declaró, utilizó su tarjeta de crédito para realizar la operación y luego recibió el reintegro en efectivo por parte de Adorni.
La investigación también analiza las refacciones y el mobiliario adquiridos para un departamento ubicado sobre la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, cuyo costo habría superado los 255.000 dólares.
Además, un informe sobre las tarjetas de crédito emitidas a nombre de Adorni determinó que entre dos años y cuatro meses registró consumos por 139 millones de pesos, lo que representa gastos mensuales de entre cuatro y casi seis millones de pesos, mientras que sus ingresos salariales rondaban los 3,5 millones de pesos.