Con la intención de unificar criterios entre el municipio, la provincia y la Nación en el control del espacio público, el bloque de La Libertad Avanza presentó en el Concejo Municipal de Rosario un proyecto para implementar un protocolo antipiquetes, inspirado en el que rige a nivel nacional desde fines de 2023.
La iniciativa ingresó la semana pasada al Palacio Vasallo y lleva las firmas de las concejalas Samanta Arias y Lautaro Enríquez. En rigor, se trata de dos proyectos: uno propone la creación de un protocolo de actuación para garantizar la libre circulación ante manifestaciones en la vía pública, con una política de “tolerancia cero” a los cortes de tránsito; el otro solicita a la provincia que arbitre los mecanismos necesarios para su aplicación en la ciudad.
La propuesta será analizada en las comisiones de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana y de Obras Públicas. “No se trata de oponernos a las manifestaciones, sino de evitar que se interrumpa el tránsito”, sostuvo Arias, quien remarcó que la iniciativa apunta a “mejorar la convivencia urbana y el uso del espacio público”.
En ese sentido, la concejala afirmó que el protocolo nacional “mostró resultados contundentes”, tal como lo señaló en reiteradas oportunidades la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Esa lógica queremos replicarla a nivel municipal, para que Rosario sea ejemplo no solo en la lucha contra el crimen organizado, sino también en la aplicación del orden sin excepciones”, agregó.
Alcances del proyecto
El proyecto de decreto plantea que el municipio establezca un protocolo específico para garantizar la libre circulación en calles, avenidas, pasajes, bicisendas y carriles exclusivos del transporte público. Considera que la obstrucción de la vía pública constituye una falta grave al Código de Convivencia y un delito tipificado en el Código Penal.
La iniciativa dispone que las manifestaciones deberán desarrollarse exclusivamente sobre veredas, plazas o paseos, respetando los semáforos y sin interrumpir el tránsito vehicular. Como excepción, contempla aquellos casos en los que la magnitud de la convocatoria haga imposible la circulación por la vereda. En esas situaciones, los agentes municipales podrán ordenar el desplazamiento por un carril o media calzada, garantizando siempre la fluidez del tránsito en el resto de la arteria.
Quedan excluidos del protocolo los eventos o manifestaciones que cuenten con autorización previa del municipio para el uso del espacio público.
Según el texto, los inspectores municipales de las áreas de Control y Tránsito trabajarán de manera conjunta con la policía provincial durante las protestas. Los agentes locales deberán intimar a los manifestantes a liberar la calzada o subir a la vereda de forma inmediata y, en caso de incumplimiento, solicitarán la intervención policial para despejar la traza y restablecer el orden.
El proyecto también prohíbe la quema de neumáticos, plásticos o sustancias tóxicas en la vía pública y ordena su decomiso, además de la correspondiente denuncia penal por daño ambiental, independientemente de que exista o no corte de tránsito.
Un antecedente controvertido
El proyecto toma como referencia la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, conocida como protocolo antipiquetes, presentada en diciembre de 2023. La norma habilita a las fuerzas federales a intervenir ante cortes parciales o totales de rutas nacionales sin necesidad de una orden judicial, al considerarlos delitos flagrantes.
El texto establece que los efectivos deben emplear la mínima fuerza necesaria, con especial cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o personas mayores, y prohíbe el uso de armas letales. También prevé la identificación de manifestantes y vehículos, siempre que sea posible.
La resolución fue cuestionada por organismos de derechos humanos y, en diciembre pasado, el juez federal Martín Cormick declaró su nulidad al considerar que el Poder Ejecutivo avanzó sobre atribuciones del Legislativo. Sin embargo, tanto Bullrich como la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señalaron que el fallo no está firme y puede ser apelado, por lo que el protocolo continúa vigente.