Un cartel pegado en la puerta de un comercio del sur santafesino desató una fuerte polémica por el tono de su advertencia frente a los robos.
El aviso comienza como tantos otros mensajes preventivos: informa que el local cuenta con 15 cámaras de seguridad nuevas, visibles, y con una persona dedicada exclusivamente a monitorearlas. Sin embargo, el texto avanza luego hacia una amenaza explícita que generó rechazo y debate. “Si se detecta a un ladrón, se le electrocutará tanto que ni su mamá lo va a reconocer”, señala el cartel, que además advierte que las consecuencias correrán “bajo su propia responsabilidad” y apela a no convertirse en “una vergüenza de Argentina”.
En el cierre, los dueños aclaran que el mensaje está dirigido “solo a los ladrones” y no a sus clientes habituales. Según explican, la decisión fue tomada tras sufrir “demasiados robos” en el último tiempo.
La imagen del cartel comenzó a circular rápidamente por redes sociales y grupos de WhatsApp de la región, donde las reacciones se dividieron. Mientras algunos vecinos respaldaron la postura del comercio y señalaron el hartazgo de los pequeños comerciantes ante la reiteración de hurtos y la falta de respuestas, otros cuestionaron con dureza el contenido del mensaje y advirtieron que la amenaza de infligir daño físico cruza un límite peligroso.
El episodio refleja una problemática recurrente en el Cordón Industrial: comerciantes que denuncian robos constantes, muchas veces de mercadería de bajo valor pero persistentes, que afectan la rentabilidad y generan un clima de tensión permanente. No obstante, el debate trasciende el caso puntual.
La advertencia pública de una supuesta represalia física reactiva el fantasma de la justicia por mano propia. En un Estado de Derecho, recuerdan especialistas, la persecución y sanción del delito es competencia exclusiva del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad. Las amenazas explícitas, aun cuando tengan un carácter disuasivo, pueden derivar en responsabilidades penales si se interpretan como intimidación.
Abogados penalistas consultados señalaron que la colocación de carteles disuasivos no constituye delito por sí misma, pero que la mención concreta de causar daño físico podría encuadrar en figuras penales, especialmente si se comprobara la existencia de mecanismos capaces de provocar lesiones.
En paralelo, el caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la respuesta frente a los delitos menores. Comerciantes de distintas localidades del Gran Rosario vienen advirtiendo que muchas detenciones derivan en liberaciones rápidas y que la reincidencia es una constante, una percepción que alimenta discursos cada vez más duros.
En ese contexto, el cartel de un supermercado de Villa Cassini aparece como un síntoma del malestar social: un intento de disuasión que, al mismo tiempo, tensiona los límites legales y éticos.
El interrogante que queda abierto es hasta dónde puede llegar un comerciante para proteger su negocio sin caer en la lógica de la justicia por mano propia. Mientras tanto, el local continúa funcionando con normalidad y el cartel permanece en su puerta, aunque la discusión ya se instaló en el debate público del sur santafesino.