El Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe informó sobre la detección de 15.000 clientes residenciales cuyos consumos están irregularmente beneficiados por la tarifa social, subsidio que se paga con el esfuerzo del resto de los contribuyentes.
Según información de la EPE, en Santa Fe hay unos 1.200.000 usuarios residenciales que corresponden a hogares, sin contar comercios y las industrias. De ese universo, 175.000 son los usuarios con tarifa social. Si los datos anteriores son correctos, ahora serían 160 mil los usuarios que necesitan una tarifa social y 15.000 más los residenciales.
Todavía no está definido en qué tipo de conducta han incurrido quienes gozaron de esos subsidios estatales de manera irregular, quienes al mismo tiempo pagaban el Impuesto a las Ganancias o residen en barrios de alto valor inmobiliario.
En muchos casos, se trata de clientes que falsificaron sus datos personales o, al menos, no los actualizaron cuando cambió de manos una propiedad correctamente subsidiada
La duda que surge es por qué nadie dentro de la empresa notó que se emiten boletas del servicio con la leyenda “tarifa social” que corresponden a domicilios de sectores de altos ingresos.
El comunicado de la EPE:
Detectan abusos y potenciales fraudes en boletas de la luz
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) dio de baja a más de 15 mil usuarios tras detectar abusos y posibles fraudes en el marco del programa de Tarifa Social. En los próximos días se intensificarán los controles para garantizar el uso adecuado del beneficio.
A través de un trabajo conjunto entre los ministerios de Desarrollo Productivo y de Economía, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) identificó múltiples situaciones irregulares entre los usuarios beneficiarios de la tarifa subsidiada. Entre los casos detectados se encuentran suministros vinculados a personas fallecidas, inmuebles en alquiler, locales comerciales y hasta propiedades ubicadas en barrios de alto valor inmobiliario.
El objetivo del programa de Tarifa Social es garantizar el acceso a un consumo eléctrico residencial razonable y eficiente para los hogares de menores ingresos. La diferencia entre lo que paga un usuario con tarifa social y el costo real del servicio es absorbida por el Estado provincial. Por este motivo, los controles implementados buscan eficiencia en la asignación de recursos públicos y justicia distributiva, para evitar que los excesos de unos sean financiados por el esfuerzo de todos los santafesinos.
Casos detectados
Además de los casos mencionados, se identificaron situaciones que evidencian el mal uso del espíritu del beneficio. Por ejemplo:
El consumo promedio de un hogar ronda los 700/800 kW bimestrales. Sin embargo, se detectaron consumos de hasta 6.500 kW en barrios residenciales, con facturas por $ 1.477.057. En ese caso, el usuario pagó $ 1.028.237, mientras que el Estado debió cubrir $ 448.820 como parte del subsidio.
En Funes, un usuario con tarifa social consumió 3.000 kW y pagó sólo $ 17.584 sobre un total de $ 720.000, lo que obligó al Estado a subsidiar $ 703.083.
Solamente en uno de los circuitos de medición, durante el mes de abril, se registraron 13 usuarios con tarifa social y consumos superiores a los 5.000 Kw, con facturas que oscilaron entre $ 1.000.000 y $ 1.500.000. En total, el Gobierno provincial debió compensar $ 4.681.000.
También se detectaron beneficiarios registrados tributariamente ante ARCA como Responsables Inscriptos, es decir, personas que desarrollan actividades económicas, tributan en el régimen general y deben liquidar impuestos como IVA y Ganancias.
Las irregularidades detectadas también incluyeron casos, en donde personas jubiladas a quienes se les había asignado la tarifa social, ya no se encontraban viviendo en el domicilio declarado.
En los próximos días se van a intensificar los controles para garantizar el uso adecuado del beneficio, que tiene como objetivo asegurar el acceso a un consumo eléctrico residencial razonable y eficiente para los hogares de menores ingresos.