Durante 2025, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe abrió 44.859 expedientes en todo el territorio provincial, un volumen que da cuenta del creciente requerimiento de intervención del organismo frente a distintas problemáticas que atraviesan a la ciudadanía.
Desde la institución aclararon que la cifra no refleja la totalidad de las acciones desarrolladas, ya que cada expediente suele involucrar múltiples gestiones, intervenciones y articulaciones, en función de la complejidad de cada situación.
Del total de actuaciones, 36.483 estuvieron vinculadas a la Atención a la Ciudadanía, lo que representa cerca del 85 por ciento del total. Las consultas se recibieron tanto en las sedes de Rosario y Santa Fe como en oficinas descentralizadas y a través de dispositivos territoriales. A ello se sumaron 2.607 actuaciones del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito; 1.055 del Centro de Mediación y Resolución de Conflictos; 1.537 de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes; 2.035 del Órgano de Revisión de Salud Mental; 385 vinculadas a temáticas nacionales en articulación con la Defensoría del Pueblo de la Nación; y 757 expedientes correspondientes a gestión interna.
Asesoramiento jurídico y defensa del consumidor, los principales reclamos
Dentro del área de Atención a la Ciudadanía, el Asesoramiento Jurídico encabezó el volumen de consultas con 10.853 expedientes, casi el 30 por ciento del total. Las principales demandas estuvieron asociadas a alquileres, consorcios, administración de propiedades, conflictos familiares —como separaciones, divorcios y cuota alimentaria— y problemáticas comerciales, en particular refinanciación de deudas y situaciones de hostigamiento por parte de empresas de cobranza.
En segundo lugar se ubicó la Defensa del Consumidor, con 8.398 expedientes, cerca del 23 por ciento. En este rubro se destacó el incremento sostenido de reclamos por estafas, además de conflictos vinculados a cuentas bancarias por descuentos no autorizados, tarjetas de crédito con consumos o comisiones indebidas, incumplimientos contractuales, productos no entregados, planes de ahorro y préstamos.
Salud, servicios públicos y otras áreas sensibles
El área de Salud, Discapacidad y Ambiente registró 4.534 expedientes. En materia de salud, las principales consultas estuvieron relacionadas con demoras o negativas en la cobertura de tratamientos, medicamentos, estudios y prestaciones, tanto en el sistema público como en obras sociales y prepagas. En discapacidad, se atendieron dificultades para acceder a pensiones, certificados, transporte y prestaciones garantizadas por la legislación vigente.
Servicios Públicos concentró 3.049 expedientes, vinculados a cortes, deficiencias en la prestación, facturación y atención al usuario en energía eléctrica, agua, gas y transporte, además de consultas relacionadas con subsidios.
En el área de Seguridad Vial se intervinieron 2.421 casos, mayormente asociados a infracciones, impugnaciones y reclamos por procedimientos y sanciones. En Vivienda se iniciaron 388 expedientes, mientras que en Educación se registraron 136, vinculados a situaciones que afectaron derechos de estudiantes y familias.
Víctimas, mediación y niñez
El Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito atendió 2.607 casos, con predominio de situaciones del ámbito familiar (67 por ciento), seguidas por conflictos comunitarios (18) e institucionales (15). El organismo brinda orientación, contención y acompañamiento integral desde un enfoque de derechos humanos.
Por su parte, el Centro de Mediación y Resolución de Conflictos tramitó 1.055 expedientes, consolidándose como una herramienta clave para la resolución pacífica de conflictos comunitarios, vecinales, familiares y entre particulares.
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes abordó 1.537 nuevos casos, principalmente vinculados a vulneraciones de derechos esenciales como la salud, la convivencia familiar, la identidad y la integridad física, lo que demandó intervenciones interdisciplinarias de alta intensidad.
Salud mental
Finalmente, el Órgano de Revisión de Salud Mental intervino en 2.035 expedientes, de los cuales 1.470 correspondieron a personas adultas y 504 a niños, niñas y adolescentes, en el marco de la protección de derechos en el ámbito de la salud mental.