Dentro del temario que el gobierno nacional envío al Congreso para estas sesiones extraordinarias incluyó la modificación de la ley 26.639, conocida como ley de glaciares.
El texto que ya se encuentra en el Senado apunta a desmantelar el régimen de presupuestos mínimos que hoy protege glaciares y el ambiente periglacial, que son las reservas estratégicas de agua más importantes del país.
Del cuerpo normativo se interpreta que “todos los glaciares podrían ser destruidos”. Así lo advirtió la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA–CAJE).
“El proyecto del gobierno introduce cambios estructurales que alteran por completo la letra y el espíritu de la ley vigente”, señalaron voceros de las organizaciones, porque “elimina la protección automática que hoy establece la ley y la reemplaza por un sistema discrecional: mediante una simple declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede quedar fuera de la protección legal y ser habilitado para actividades extractivas”.
Además, “el proyecto elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial. La Ley de Glaciares vigente reconoce que glaciares y periglaciares conforman un sistema único, indispensable para la regulación del agua”.
“Desproteger el periglacial implica, en los hechos, permitir la destrucción del glaciar” porque “es como proteger el hielo pero apagar el freezer: el resultado es su desaparición”, explicaron.
La iniciativa del gobierno propone que cada provincia decida qué glaciares y qué ríos pueden ser entregados a la megaminería y a la exploración hidrocarburífera. Así se eliminan los presupuestos mínimos ambientales nacionales, que hoy garantizan un piso común de protección en todo el territorio argentino.
“Los glaciares alimentan cuencas hídricas que atraviesan varias provincias. Permitir que una sola jurisdicción defina su destino afecta directamente a comunidades y territorios aguas abajo y abre la puerta a un dumping ambiental, donde las provincias compiten por ver quién flexibiliza más para atraer inversiones extractivas”, advirtieron las organizaciones.
Acusan al gobierno de “debilitar la única norma que pone un límite claro al avance de la megaminería en las cabeceras de los ríos”.
Los denunciantes convocan a la ciudadanía y a las organizaciones a proteger “las reservas estratégicas de agua de la Argentina” ante una nueva avanzada de un gobierno que responde a los sectores concentrados de la economía. El texto cierra: “Porque sin glaciares no hay agua. Y sin agua, no hay vida”.