El Gobierno adelantó que presentarán un proyecto de ley destinado a regularizar la tenencia de armas de fuego y simplificar los trámites correspondientes para que los usuarios puedan declararlas y/o solicitar la destrucción de las mismas de forma anónima. “Nuestro objetivo es que sea mucho más práctico, fácil y moderno”, explicó el director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac), Juan Pablo Allan.

“Un paso más hacia la regularización de los legítimos usuarios de armas”, escribió Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, en su cuenta de X (ex Twitter).

El proyecto, bajo el título “Nuevas medidas para regularizar y favorecer a los legítimos usuarios de armas”, tiene como propósito disminuir una cifra alarmante: “En Argentina hay más de 800 armas de fuego con tenencia irregular”, explica.

“Este Gobierno tiene la convicción de promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego”, se detalló en un presentación conjunta que protagonizaron Bullrich junto al presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

“De esta manera, se implementarán trámites ágiles y sencillos que favorezcan la registración para los usuarios irregulares. También, se propone prorrogar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por cuatro años, que consiste en la entrega anónima de armas para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales para quien la efectivizare”, determinaron.

Otro de los puntos destacados en el proyecto de ley propuso la prorrogación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por 4 años, con la finalidad de que los usuarios pudieran entregar sus armas de forma anónima para que estas sean destruidas. Asimismo, la política los protegería de sufrir consecuencias legales posteriores por haberlas poseído sin las autorizaciones correspondientes.

El programa dejó de estar vigente desde el 31 de diciembre de 2023, sin embargo, se buscará reactivarlo para poder continuar con las tareas de eliminación pensadas para prevenir hechos de violencia -ya sean accidentales o intencionados- y reducir la circulación de armas en la sociedad. Desde el Gobierno destacaron la efectividad de la política, ya que se registró una notable disminución en la cantidad de municiones y armas de fuego que fueron destruidas.