La proyección del documental La Gran Palestina en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) sumó un nuevo capítulo de tensión institucional. El gremio docente Coad cuestionó la decisión del rector Franco Bartolacci de iniciar una investigación y evaluar acciones legales contra los responsables de la actividad, luego de los cuestionamientos formulados por el Gobierno nacional.
A través de un comunicado, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR rechazó las críticas del presidente Javier Milei y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y defendió la realización de la jornada.
“Consideramos intolerables las acciones de censura y amedrentamiento. Pretenden sancionar a compañeros de la UNR por realizar una actividad de difusión sobre el genocidio al pueblo palestino perpetrado por el Estado de Israel”, expresó el sindicato.
El origen de la polémica
La controversia comenzó tras la proyección del documental La Gran Palestina, dirigida por el cineasta mexicano Rafael Rangel, durante una actividad realizada en la Facultad de Humanidades y Artes. Según trascendió, la producción contó con la colaboración del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), organización considerada terrorista por numerosos países.
Luego de conocerse la actividad, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una nota al rector Franco Bartolacci solicitando explicaciones y reclamando medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
El planteo fue respaldado por el presidente Javier Milei, quien sostuvo en redes sociales que esperaba una explicación de la universidad y cuestionó que una institución pública pudiera “fomentar el terrorismo”.
La respuesta del rectorado
En una carta dirigida a Álvarez, Bartolacci aclaró que la proyección “no contaba con autorización o aval institucional alguno por parte de la UNR” y pidió disculpas a la comunidad judía argentina por lo ocurrido.
El rector sostuvo además que la universidad “es cuna de la diversidad de opiniones, de la circulación de ideas y del respeto a la libre expresión”, pero remarcó que no puede convalidar acciones vinculadas con organizaciones contrarias a los valores democráticos que sostiene la institución.
Asimismo, informó que instruyó al área jurídica de la universidad para iniciar las actuaciones correspondientes con el fin de determinar responsabilidades y notificó a la Facultad de Humanidades y Artes para evitar que se repitan actividades de similares características.
El rechazo de Coad
La respuesta del rectorado fue duramente cuestionada por Coad, que consideró que Bartolacci actuó en sintonía con los planteos del Gobierno nacional en lugar de defender la autonomía universitaria.
El sindicato sostuvo que la condena al genocidio contra el pueblo palestino constituye “un compromiso ético, político y humanitario” y reafirmó su defensa de la libertad de expresión, la libertad de cátedra y el pluralismo dentro de la universidad pública.
“No aceptamos el ejercicio de ninguna policía del pensamiento que pretenda establecer qué actividades y temas pueden ser debatidos en la universidad y cuáles no”, señaló el gremio.
Además, adelantó que impulsará acciones gremiales para respaldar a los docentes que participaron de la jornada organizada por la cátedra libre “Said-Fanon. Acercamientos a la sociedad del sur global”.
En el mismo comunicado, Coad afirmó que “la lucha contra el genocidio no necesita de avales institucionales ni de autorizaciones oficiales” y advirtió que perseguir a quienes promovieron la actividad “significa un acto de complicidad con los genocidas”.
Un debate que trasciende la actividad
La controversia generó un fuerte debate dentro de la comunidad universitaria y volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los límites entre la libertad académica, la autonomía de las universidades nacionales y la responsabilidad institucional frente a actividades organizadas en el ámbito universitario.
Mientras el rectorado avanza con la investigación anunciada, el conflicto sumó un nuevo actor con la intervención de Coad, que anticipó que defenderá a los docentes involucrados y cuestionó cualquier intento de sanción derivado de la realización de la jornada.