A una semana de que la Asociación de Cínicas y Sanatorios de Rosario resolvieran restringir la atención de los afiliados al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos), los gremios de trabajadores estatales pedirán la intervención de la Defensoría del Pueblo para poner fin al conflicto entre los prestadores y la obra social de los empleados provinciales y municipales por la negociación de aranceles.
Este lunes por la mañana, a las 11.30, referentes de los sindicatos de docentes (Amsafé) y de empleados de la administración pública (ATE) y profesionales de la salud (Siprus), se presentarán en la sede local de la Defensoría del Pueblo, en pasaje Álvarez 1516, para denunciar el corte de atención médica dispuesto para los afiliados del Iapos.
La obra social es la más grande de la provincia, tiene 600 mil afiliados en todo el territorio santafesino, y desde el lunes pasado las clínicas y sanatorios privados de Rosario acotaron la atención a casos de urgencias, ingresos por guardia y cirugías programadas.
La medida se da en medio de la discusión por el costo de los aranceles. Desde la asociación reclaman un incremento acorde a los aumentos que se registraron en los insumos, los medicamentos y la recomposición de salarios profesionales.