La causa judicial por la presunta contaminación del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire en la ciudad bonaerense de San Nicolás volvió a tomar impulso. La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo que cite a declaración indagatoria a seis directivos de la empresa agroquímica Atanor SA.
La medida también alcanza a cinco funcionarios del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y a tres expresidentes de la Autoridad del Agua, a quienes se les atribuye no haber ejercido los controles necesarios ni haber llevado adelante acciones de fiscalización.
La decisión de los camaristas se produjo tras hacer lugar a los recursos de apelación presentados por el fiscal federal Matías Di Lello, titular de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás de los Arroyos, y por la querella que representa a un grupo de vecinos de la ciudad.
Una causa que se inició en 2014
El expediente se remonta al 3 de junio de 2014, cuando un grupo de vecinos denunció a la empresa por posibles delitos contra la salud pública, contemplados en los artículos 200 a 207 del Código Penal, así como por presuntas infracciones a las leyes de Residuos Peligrosos y de Conservación de Fauna Silvestre.
Según la denuncia, la planta de Atanor habría generado durante años escapes de gases, vertidos de efluentes contaminantes al río Paraná, instalación de caños clandestinos y enterramiento de residuos tóxicos en las barrancas. También señalaron la apertura de compuertas para el vaciado de la laguna de afinamiento y deficiencias estructurales y tecnológicas en el predio.
Los vecinos además denunciaron afectaciones a la salud y vincularon fallecimientos de habitantes de los barrios Química y Ponce de León con la actividad de la empresa.
Avances en la investigación
La investigación quedó en manos de la fiscalía, que impulsó diversas medidas de prueba y tomó testimonios a vecinos y exempleados. Los estudios realizados detectaron la presencia de atrazina en muestras de agua del río, así como cipermetrina y trifuralina en el suelo.
En paralelo, informes difundidos el año pasado por Greenpeace señalaron la existencia de plaguicidas altamente tóxicos, incluso algunos prohibidos, en el arroyo Yaguarón, uno de los brazos del Paraná que habría recibido durante años efluentes de la planta.
El debate por las indagatorias
En octubre de 2022, la querella solicitó que se citara a indagatoria a los directivos de la empresa, pero el juez Villafuerte Ruzo rechazó el pedido por considerarlo prematuro. La decisión fue apelada.
Posteriormente, en mayo de 2023, el fiscal Di Lello insistió con el planteo e incluyó también a funcionarios del organismo ambiental provincial y a autoridades de la Autoridad del Agua.
A los directivos de Atanor se les atribuye haber contaminado, al menos hasta julio de 2020, el río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire mediante la liberación de partículas y el vertido de efluentes con residuos peligrosos, lo que habría puesto en riesgo la salud de la población.
En cuanto a los funcionarios del OPDS, el fiscal sostuvo que incumplieron sus deberes al no fiscalizar ni aplicar políticas ambientales adecuadas. A su vez, a los responsables de la Autoridad del Agua se les imputó no haber supervisado ni controlado las actividades vinculadas al uso y preservación del recurso hídrico.
Tras reiteradas negativas del juez para avanzar con las indagatorias, el fiscal consideró que esos rechazos implicaban, en la práctica, un “sobreseimiento ficto” de los imputados.
La resolución de la Cámara
Finalmente, la jueza Silvina María Andalaf Casiello, con la adhesión de su colega Aníbal Pineda, resolvió hacer lugar a las apelaciones y ordenó citar a todos los imputados a prestar declaración indagatoria, lo que representa un paso clave en el avance de la causa.