El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023 y habilitó nuevamente la venta sin límites de tierras a extranjeros, generó un fuerte impacto político. Ante este escenario, los bloques opositores en la Cámara de Diputados se unieron para impulsar una sesión especial con el objetivo de lograr la derogación total del megadecreto dictado al inicio de la gestión de Javier Milei.
El DNU ya había sido rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero hasta el momento la oposición no había reunido los consensos necesarios para darle tratamiento y votarlo en la Cámara baja.
La estrategia opositora tras el fallo judicial
Diputados de Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas buscan capitalizar la trascendencia pública del fallo y el rechazo social a la liberación de tierras.
Entre las fechas analizadas para convocar a la sesión especial figuran el 7 o el 14 de octubre, aunque algunos legisladores advierten sobre posibles ausencias debido a compromisos internacionales en Brasil.
Voces referentes de la oposición manifestaron su postura de inmediato:
- Germán Martínez (UP) señaló: “Hoy, gracias a la Corte, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros”, y convocó a manifestarse por el rechazo pleno del decreto.
- Martín Lousteau recordó que ya había votado en contra del DNU por considerarlo inconstitucional y sostuvo que “ahora, en Diputados tenemos la oportunidad de revertirlo”.
- Elisa Carrió coincidió en que el decreto es de nulidad absoluta y reclamó que la Cámara baja debe tratarlo de manera urgente.
La respuesta del oficialismo y el futuro del DNU 70
Por su parte, desde el oficialismo advierten que una derogación total del DNU 70/2023 —que eliminó regulaciones sobre alquileres, comercio, transporte, prepagas y mercado laboral— generaría un caos administrativo y procesal.
Para bloquear el avance opositor, el Gobierno evalúa alternativas legislativas, como incorporar un capítulo específico sobre el régimen de tierras en la ley de propiedad privada o en la ley de defensa de la soberanía. De este modo, se buscaría ofrecer una vía de salida a los gobernadores aliados y bloques dialoguistas para debatir el tema de los extranjeros sin tumbar todo el paquete económico.