Este miércoles comenzó en los Tribunales Federales de Rosario un juicio por el presunto delito de contaminación por fumigación con agrotóxicos ocurrido en la localidad bonaerense de Pergamino.
El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodrigues Da Cruz.
La causa, que cuenta unos cien testigos, tiene en el banquillo de los acusados a siete productores agropecuarios y dos ex funcionarios públicos, acusados por omitir controles obligatorios. Se trata de Carlos Sabatini, José Luis Grattone, Hugo Sabatini, Cristian Taboada, Fernando Cortese, Mario Reinerio Roces, Víctor Hugo Tiribó, Guillermo Naranjo y Mario Tocalini.
Una de las denunciantes es la de Sabrina Ortiz, víctima de las fumigaciones, quien en el 2011 perdió un embarazo de casi seis meses. Ortiz advirtió en ella y sus hijos los efectos de la intoxicación. Este miércoles, Sabrina tuvo la oportunidad de relatar sus padecimientos ante el Tribunal. En esta primera audiencia seis de los acusados estuvieron presentes mientras que uno la siguió de forma virtual.
El fiscal a cargo es Federico Reynares Solari, a cargo del Área Investigación y Litigio de Casos Complejos, de la Oficina de Litigio Oral Estratégico. Durante su exposición, enumeró en qué consiste la prueba presentada en la causa, entre las que esperan las declaraciones de personal policial —que constató los campos y las fumigaciones hechas—, personal médico —que trató a las víctimas y puede definir qué sintomatología común presentaron—, funcionarios, profesionales, trabajadores y vecinos de Pergamino.
Las acusaciones
Reynares Solari indicó que pretenden demostrar que las acciones de fumigación no fueron acciones privadas protegidas por la Constitución, como una actividad industrial más y lícita. Sino que “el modo específico de esta actividad agropecuaria no empezaba y terminaba en el terreno, en el campo, en la parcela” y “tiene como consecuencia la contaminación de la superficie, del aire y del agua, deriva de pesticidas la muerte de animales, y graves problemas en la salud de los habitantes de la localidad de Pergamino con síntomas comunes, desde afecciones respiratorias hasta enfermedades terminales”.
Habló de “daños en la existencia”, para referir a lo que vivieron las víctimas de este tipo de acciones en los campos alrededor de la ciudad. El fiscal subrayó: “La verdad aceptada por la ciencia nos respalda”.
En este punto, indicó que el uso de los plaguicidas empleados por los acusados “afectan la salud de la comunidad violando las normas de protección ambiental, por eso estamos en una sala de audiencia con consecuencias penales”. Denuncian este tipo de acciones aplicadas desde 2011, con especial énfasis entre 2018 y 2019.
Por su parte las defensas esgrimieron diversos argumentos, desde considerar que los hechos a investigar no son de competencia federal a indicar que los químicos utilizados representan también un costo al productor o que las parcelas donde se aplicaron químicos eran muy pequeñas y que no hubo dolo.
Desde la querella se planteó que no se trata de imputaciones genéricas sino que se incluyen las figuras de autor, coautor y partícipes. Además, dijeron que se van a respaldar en la ley de residuos peligrosos: “La querella no tiene reparos en llamar a los agrotóxicos como veneno, enferman a las poblaciones. Los cuerpos de las personas afectadas hablan por sí mismos”.
Este jueves 5 de febrero habrá otra audiencia y a lo largo del mes tres más, el 5, 12, 24 y 25 desde las 9 de la mañana.