Por Esteban Paulón: Una reforma que compromete el agua, algo tan vital, para nuestro desarrollo, para el asentamiento humano y para la actividad económica, ¿se puede discutir en dos minutos? ¿Se puede reformar la Ley de Glaciares, que es el fruto de un consenso de muchísimos años, sin debate y a pedido de tres o cuatro emprendimientos mineros? Obviamente que no.
La ley de Glaciares en Argentina ha sido pionera. Argentina es uno de los pocos países que cuenta con una legislación de protección específica de estas reservas de agua dulce que son realmente relevantes, que brindan agua segura para la estabilización de las poblaciones, para la actividad económica y para la propia subsistencia, que abastecen a 1 de cada 4 personas que viven en las áreas cordilleranas. Por eso estoy en contra de la Ley de Glaciares, y por eso convocamos a la sociedad civil a que se exprese con claridad en las audiencias públicas para dar herramientas a aquellos legisladores y legisladoras que todavía dudan para definir su voto.
La Ley de Glaciares en Argentina ya relevó a través del IANIGLA (Inventario Nacional de Glaciares del CONICET) más de 16.000 glaciares y periglaciares en el país. Ese inventario no sólo se hizo a través de imágenes satelitales sino que se constató en terreno, y es el inventario que más constataciones tiene en el mundo. Un trabajo ejemplar de un equipo técnico y profesional.
¿Qué plantea la Ley de Glaciares, y por qué estamos en contra? Básicamente, la ley pasa por sobre el mandato constitucional, al establecer presupuestos mínimos de protección ambiental, incluso en aquellas actividades que hoy tienen jurisdicción en las provincias. Si hasta el año 94 los recursos del subsuelo en Argentina eran patrimonio nacional, en la reforma constitucional esos recursos se delegaron a las provincias, pero no la posibilidad de definir presupuestos mínimos. Por eso hay una Ley Nacional de Glaciares, por eso hay una Ley Nacional de Bosques y del Manejo del Fuego, porque es el Estado nacional el que tiene que garantizar un piso de protección para todas las actividades humanas, económicas, y obviamente, para la sustentabilidad.
Esta ley golpea el corazón de ese concepto de presupuesto mínimo, le quita capacidad al Instituto Nacional IANIGLA de ser quién determina cuáles son las áreas glaciares y periglaciares, y transfiere esa decisión a las provincias, que muchas veces no tienen los equipos técnicos ni la capacidad ni la fuerza para enfrentarse a una gran minera que maneja miles de millones de dólares, que pueden llegar con ofertas muy tentadoras de inversiones que supuestamente van a generar trabajo y desarrollo.
Lo que estamos planteando es cómo sostenemos y hacemos compatible la actividad, la explotación minera –importantísima para el desarrollo económico del país- con la sustentabilidad de nuestras fuentes y reservas de agua dulce. Contra todo lo que te van a decir estos días en los medios, desde que está vigente la Ley de Glaciares, se cuadruplicaron las inversiones mineras en Argentina. Es mentira que esta ley impide la actividad minera. La ordena, le da un marco nacional, les suma herramientas a las provincias para poder explotar sus áreas mineras, pero también proteger el ambiente. Y lo que va a hacer esta ley si se aprueba es generar una situación de enorme desigualdad y hasta dumping ambiental; vamos a tener provincias corriendo a desproteger, cuanto más, sus áreas naturales para que venga una empresa a esa provincia y no a otra.
Por eso, en defensa de la vida, en defensa de la posibilidad de vivir donde queremos, en defensa de los asentamientos humanos, en defensa de la actividad agropecuaria, en defensa de un ambiente sustentable, votaré en contra de la modificación de la Ley de Glaciares.