La Cámara de Diputados cerró este jueves la segunda jornada de audiencias públicas —esta vez bajo modalidad remota— en torno a la reforma de la Ley de Glaciares. Por ahora, no hay una fecha definida para la firma de dictámenes ni para un eventual tratamiento en el recinto.
Antes de avanzar, no se descarta la convocatoria a una nueva reunión informativa que incluya a los gobernadores de la denominada Mesa del Cobre —alineados con intereses mineros— y a referentes de la oposición que rechazan la iniciativa. Ese encuentro podría concretarse en la primera quincena de abril.
Tal como ocurrió en la jornada presencial del miércoles, se repitieron cuestionamientos por la limitación en la cantidad de oradores habilitados. También surgieron advertencias sobre posibles impugnaciones judiciales que podrían poner en riesgo la validez de la ley si finalmente es aprobada.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone flexibilizar las restricciones vigentes para la actividad minera e hidrocarburífera en zonas periglaciares y otorgar a las provincias mayor margen para definir qué áreas deben ser protegidas.
Durante la audiencia, el presidente del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Pablo Villagra, rechazó la iniciativa y defendió el rol del Inventario Nacional de Glaciares. Señaló que la reforma “no mejora la ley vigente”, introduce nuevas ambigüedades y debilita el papel del sistema científico al subordinarlo a decisiones políticas provinciales.
Villagra recordó que el inventario, oficializado en 2018, identificó más de 16.000 glaciares en el territorio continental y cerca de 17.000 en islas, ocupando apenas el 0,8% de la superficie cordillerana, aunque con un valor estratégico clave para la gestión del agua.
En contraposición, el geólogo Marcelo Placet respaldó la reforma y calificó como “falsos” los argumentos que advierten sobre riesgos para las fuentes hídricas o el interés de potencias extranjeras en los acuíferos.
Desde el Colectivo Defensoras del Agua de Famatina, María Pía Silva sostuvo que la iniciativa es inconstitucional por vulnerar el artículo 41 de la Constitución y el principio de no regresividad ambiental. En esa línea, afirmó que responde a presiones de empresas mineras transnacionales.
También se expresó en contra la ex diputada Graciela Camaño, quien consideró que la ley vigente establece un “piso mínimo” de protección que no debe ser reducido. Además, cuestionó el proceso de debate por no ajustarse a los estándares de participación pública establecidos en el Acuerdo de Escazú y advirtió que esa falencia podría derivar en la nulidad del procedimiento.
Camaño alertó que la reforma implicaría pasar de una norma con criterios científicos uniformes a un esquema político en el que cada provincia definiría el alcance de la protección ambiental según sus intereses productivos.
Por su parte, el geólogo mendocino Eddy Lavandaio defendió la modificación y sostuvo que la ley original fue impulsada por sectores contrarios al desarrollo minero. Aseguró que la reforma mantiene la protección ambiental y busca fomentar inversiones para el crecimiento económico de las regiones cordilleranas.
Desde una mirada crítica, la abogada Ananda Lavayén, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, advirtió que el proyecto representa un retroceso en materia ambiental y pone en riesgo el principio de progresividad. Remarcó además que los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para los ecosistemas y la calidad de vida de la población.
En tanto, Guillermo Pensado, de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, apoyó la reforma y sostuvo que la normativa vigente presenta imprecisiones técnicas que dificultan el cumplimiento de sus objetivos de preservación.
Pese a los pedidos de la oposición para extender el debate y habilitar más instancias de participación, el oficialismo mantuvo el cronograma definido por las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.