La Cámara de Diputados llevará adelante este miércoles y jueves dos audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, recientemente aprobada por el Senado. Sin embargo, de los cerca de 100 mil inscriptos, solo 200 podrán exponer de manera oral.
El esquema definido por La Libertad Avanza combina instancias presenciales y virtuales: este miércoles, entre las 10 y las 19, participarán 100 oradores en forma presencial, mientras que otros 100 lo harán el jueves de manera remota. El resto de los interesados deberá presentar su postura por escrito o mediante un video.
En paralelo, la organización de las audiencias genera tensiones tanto en el plano político como judicial. Por un lado, la Justicia rechazó una medida cautelar presentada por particulares que buscaba suspender las reuniones, aunque aún resta una definición sobre otra acción impulsada por organizaciones ambientalistas.
A esto se suma el malestar por las restricciones en la participación: además del límite de oradores, solo podrán asistir a las audiencias los 66 diputados que integran las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, junto con dos asesores por bloque. Las comisiones están presididas por José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.
El mecanismo dispuesto también establece un máximo de cinco minutos por exposición, lo que obliga a un estricto control de los tiempos para poder completar las intervenciones previstas. Pese a los reclamos de la oposición para ampliar la duración de las audiencias, el oficialismo ratificó el cronograma fijado para el 25 y 26 de marzo.
De este modo, mientras un centenar de participantes podrá expresarse en forma presencial y otro tanto vía Zoom, la gran mayoría deberá limitarse a enviar sus opiniones por escrito o en videos breves. Esta modalidad fue cuestionada por sectores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas, que consideran insuficiente el esquema de participación.
En el plano judicial, el juez Enrique Regeuira, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, rechazó la cautelar presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo junto a la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis. El magistrado sostuvo que no se acreditaron los requisitos necesarios para suspender un acto parlamentario y remarcó la presunción de validez de las decisiones adoptadas por las autoridades.
Por otra parte, organizaciones ambientalistas como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace presentaron una nueva medida cautelar. El planteo, que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 7 a cargo de Enrique Lavié Pico, solicita que se garantice la participación oral de todos los inscriptos en las audiencias. Hasta el momento, ese pedido no fue resuelto.