A cuatro años de la viralización de las imágenes, comenzó en Formosa el juicio contra Carlos Chagra (52), un comerciante acusado de perseguir y matar a un yaguareté en la zona rural de Clorinda. El proceso judicial ingresó en su etapa final mediante un mecanismo de juicio abreviado, alcanzado en consenso por la Fiscalía Federal, la Agencia de Parques Nacionales, el Gobierno de Formosa, la Fundación Red Yaguareté y la defensa del imputado.
Al aceptar el acuerdo, Chagra reconoció formalmente la comisión del delito previsto en la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna (con el agravante de haber actuado en grupo). La resolución prevé una pena de tres años de prisión en suspenso —la máxima escala fijada para esta tipificación— junto con la determinación de una sanción económica.
La evidencia clave: videos, allanamientos y armas
Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2022. La investigación penal se inició tras la denuncia de Nicolás Lodeiro Ocampo, director de Red Yaguareté, ante la Policía Federal y la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA):
- Filmaciones en redes: Los videos difundidos mostraban la persecución del felino y la celebración posterior tras hallarlo sin vida. “Por fin lo pudimos matar acá, con los muchachos”, se escuchaba en el registro.
- Allanamiento en 2023: En el domicilio del acusado se secuestraron escopetas, fusiles, visores nocturnos, miras telescópicas, fotos de animales cazados y el cuero de un puma almacenado en un freezer.
- Maniobras defensivas: Pese a que en la indagatoria el acusado negó los hechos y se rehusó a realizarse pericias de voz y antropomórficas, la acumulación de pruebas forzó la admisión del delito.
Un antecedente histórico para una especie en peligro crítico
Este caso representa la segunda vez en la historia argentina que la caza ilegal de un yaguareté llega a una condena judicial formal, tras la sentencia dictada en 2024 a cuatro cazadores en la localidad de Ibarreta.
El yaguareté está declarado Monumento Natural Nacional y cuenta con la máxima protección legal en el país. Actualmente, se estima que sobreviven apenas entre 250 y 300 ejemplares en todo el territorio argentino, lo que convierte a la especie en un símbolo de la lucha contra la caza furtiva.