Con el objetivo de desarticular el circuito delictivo asociado al mercado ilegal y cerrar el grifo a la comercialización de equipos de origen dudoso, el gobierno de Santa Fe puso en marcha una nueva herramienta legal destinada a combatir la venta de teléfonos celulares robados.

La legislación apunta directamente a frenar el lucro detrás de los robos, hurtos y extravíos, desalentando la demanda de tecnología ilegal y facilitando la recuperación de los aparatos para restituirlos a sus legítimos dueños.

El Registro Provincial y los controles a locales

Uno de los ejes centrales de la normativa es la creación del Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines. Su inscripción pasó a ser de carácter obligatorio para todas las personas y comercios dedicados a la compra, venta, permuta, acopio, reparación o reacondicionamiento de teléfonos usados.

De esta manera, el Estado provincial busca dotar de mayor trazabilidad y transparencia a las operaciones del mercado de segunda mano, diferenciando la actividad comercial formal de las cuevas y circuitos clandestinos.

Qué pasa si un celular tiene pedido de secuestro

La normativa detalla un protocolo de actuación estricto para los operadores comerciales ante la detección de anomalías:

  • Denuncia inmediata: Si al verificar un dispositivo se constata que cuenta con una denuncia vigente por robo, hurto o extravío, la situación debe notificarse de inmediato al Ministerio de Justicia y Seguridad y al Ministerio Público de la Acusación (MPA).
  • Falta de identificación: El mismo rigor se aplica si el equipo no posee el código IMEI (identificador internacional de equipos móviles), carece de número de serie o se detecta que estos datos fueron bloqueados, alterados o suprimidos.

La obligación para quienes circulan en la provincia

Además de los controles sobre el sector comercial, la ley incluye una disposición orientada a la vía pública: cualquier persona en territorio santafesino tiene la obligación de exhibir el número de identificador electrónico único de su dispositivo cuando la autoridad competente se lo requiera en operativos de rutina o prevención.

Con esta batería de medidas articuladas entre la órbita provincial, municipal y los registros nacionales, Santa Fe busca cortar de raíz el eslabón financiero que alimenta los delitos contra la propiedad y el hurto de tecnología en la región.