La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó por unanimidad el proyecto de ley de prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género, una iniciativa clave impulsada por la administración del gobernador Maximiliano Pullaro. Tras obtener el respaldo de todos los legisladores presentes, el expediente fue girado a la Cámara de Diputados para completar su trámite parlamentario y convertirse en ley.

El texto legislativo busca poner fin a las demoras y optimizar los protocolos de actuación institucional, exigiendo a los magistrados de todos los fueros respuestas ágiles y efectivas ante denuncias de riesgo.

Los ejes centrales de la nueva normativa provincial

El proyecto, originado de forma conjunta por el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, establece un marco regulatorio moderno para proteger a las víctimas y endurecer el seguimiento sobre los agresores.

Puntos clave del proyecto aprobado:

  • Niveles de riesgo: Se introduce una clasificación formal de las situaciones de violencia en cuatro etapas bien definidas (bajo, medio, alto y crítico), lo que permitirá calibrar las medidas de protección de manera diferenciada.
  • Uso de tecnología: Se formaliza el marco regulatorio para la aplicación de recursos avanzados de monitoreo, tales como las nuevas tobilleras duales.
  • Corresponsabilidad judicial y estatal: La iniciativa establece la obligatoriedad para los agentes del Estado y operadores judiciales de actuar de forma inmediata, priorizando el resguardo integral de la víctima por sobre los formalismos burocráticos.

Consenso político y tratamiento legislativo

La aprobación en el recinto se concretó con el voto afirmativo de todo el cuerpo, incluyendo el acompañamiento de los legisladores del bloque justicialista, quienes aportaron sugerencias al texto original.

Desde el interbloque oficialista destacaron la apertura al diálogo político para lograr una herramienta unánime, considerada urgente frente a la complejidad de las estadísticas sobre violencias y la necesidad de dotar a la Justicia provincial de mecanismos más estrictos y dinámicos.