El aumento sostenido de la morosidad en el sistema financiero argentino impulsó la presentación de cerca de 30 proyectos de ley en el Congreso orientados a aliviar la situación de los deudores. La problemática, que atraviesa tanto a bancos como a otros proveedores de crédito, encendió alertas en el sector financiero y generó una rápida reacción legislativa.
Deterioro del crédito al consumo
En los últimos meses se profundizó el deterioro en todas las líneas de financiamiento al consumo. El crecimiento de los impagos, la acumulación de deudas vencidas y las dificultades para acceder a refinanciaciones tradicionales llevaron a legisladores de distintos espacios políticos a promover cambios en las normas de defensa del consumidor y en los mecanismos de reestructuración de pasivos.
Entre los impulsores de estas iniciativas figuran Gabriela Estévez, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso, Mónica Macha, Germán Martínez, Pablo Carro y la senadora Juliana Di Tullio, entre otros. Las propuestas coinciden en advertir sobre el sobreendeudamiento de los hogares y sus consecuencias sociales, especialmente frente a embargos y reportes negativos en registros crediticios.
Qué plantean los proyectos
Los distintos textos incorporan herramientas como la condonación parcial de intereses, la suspensión de ejecuciones, la creación de instancias administrativas gratuitas para renegociar deudas y la posibilidad de sanear el historial crediticio una vez cancelados los compromisos.
En general, promueven un rol activo del Estado como regulador, aunque sin contemplar financiamiento público directo. La carga del ajuste recaería principalmente sobre las entidades financieras, mediante quitas, límites a las tasas y el uso de previsiones contables ya existentes.
El principio de “esfuerzo compartido”
Varias iniciativas introducen el concepto de “esfuerzo compartido”, que implica que tanto deudores como acreedores participen en la reestructuración. En ese marco, se habilita a la Justicia a reducir capital o intereses en casos de otorgamiento irresponsable de crédito.
También se prevén instancias obligatorias de conciliación antes de judicializar los conflictos y una protección especial para sectores vulnerables, como hogares encabezados por mujeres o con menores a cargo.
Límites y prevención del sobreendeudamiento
Los proyectos establecen topes a la carga financiera —por ejemplo, que las deudas no superen el 30% de los ingresos familiares— y obligan a bancos y emisores de tarjetas a evaluar la capacidad de pago antes de otorgar nuevos créditos.
La transparencia en la información y la prevención del sobreendeudamiento aparecen como ejes centrales, junto con la creación de eventuales fondos internos financiados por el propio sistema para sostener los procesos de regularización.
Rechazo del sector bancario
Desde las entidades financieras manifestaron su preocupación por el avance de estas iniciativas. El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, cuestionó los proyectos al considerar que un mayor nivel de regulación podría desalentar el crédito.
Según explicó, los bancos ya implementaron mecanismos de refinanciación y asistencia a deudores. Indicó además que gran parte de las deudas en mora corresponde a créditos otorgados hace más de un año y que una porción significativa ya fue reestructurada o derivada a terceros para su recuperación.
Presión política y debate abierto
El Congreso enfrenta presiones de distintos sectores para avanzar con una respuesta integral al problema. Mientras el sistema financiero advierte sobre los riesgos de una regulación más estricta, desde el Gobierno sostienen que la solución debe provenir del propio sector.
En este contexto, los bancos buscan acelerar acuerdos con clientes en mora para evitar que una eventual ley imponga condiciones más exigentes que, según argumentan, podrían afectar la rentabilidad y la oferta de crédito en el mercado.