En lo que representa un giro estructural para el área metropolitana de Santa Fe, la empresa Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) asumirá de manera progresiva la operación, mantenimiento y prestación de las redes de agua potable y saneamiento en la ciudad de Santo Tomé.

El anuncio fue formalizado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe junto al intendente Miguel Weiss Ackerley, marcando el inicio de una transición administrativa que requerirá la aprobación de una ordenanza en el Concejo Municipal.

El trasfondo financiero: una deuda de más de $6.000 millones La medida llega como una solución de fondo a un diferendo económico y legal que se había intensificado en los últimos días. ASSA había iniciado acciones judiciales contra la Municipalidad de Santo Tomé por una deuda acumulada superior a los $6.000 millones, correspondiente al suministro de agua en bloque que la empresa provincial provee a la localidad desde el Acueducto Desvío Arijón.

Con la firma del futuro convenio de traspaso, se busca regularizar el pasivo financiero municipal y encauzar el diferendo a través de un esquema integral entre la Provincia, el Municipio y la compañía estatal.

Infraestructura colapsada e inversiones previstas Según el diagnóstico presentado por las autoridades provinciales, el modelo prestacional municipal se encontraba superado por el crecimiento demográfico y presentaba severas deficiencias operativas tras años de falta de mantenimiento.

Para revertir el deterioro del sistema, la presidenta de ASSA, Renata Ghilotti, y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, anticiparon los ejes del nuevo esquema:

  • Inversión millonaria: Se estima una partida de entre $6.000 y $9.000 millones durante los próximos tres años para la puesta en valor, optimización y expansión de la infraestructura existente.
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  • Proceso gradual: La toma de posesión del servicio no será inmediata; iniciará una fase de transición técnica una vez aprobada la normativa en el ámbito legislativo local.
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  • Readecuación y equidad tarifaria: El traspaso buscará equiparar los estándares de calidad con los de la ciudad capital y la región, revisando la estructura técnica del servicio y sus costos asociados.