La Pastoral Social de Rosario mantuvo un encuentro con concejales en el Palacio Vasallo para analizar la situación social de la ciudad, con foco en la pobreza y el aumento de la demanda de asistencia alimentaria. En ese marco, la Iglesia expuso su postura sobre los cuidacoches, en medio del debate por proyectos que buscan prohibir la actividad y establecer sanciones. “No hay que prohibir a los trapitos, sino ordenarlos”, expresó el arzobispo de Rosario, Eduardo Martin, en una posición que fue respaldada por referentes de Cáritas.
La reunión se realizó este miércoles y contó con la participación de autoridades de la Pastoral Social, quienes fueron recibidos por la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, junto a los ediles Leo Caruana, Manuel Sciutto, Julián Ferrero, Alicia Pino, Anahí Schibelbein, Norma López, Sabrina Prence y Pablo Gavira.
Durante el intercambio se abordaron diversas problemáticas, entre ellas la situación económica, la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad, las condiciones de jubilados y personas con discapacidad, el aumento del desempleo, la pérdida del poder adquisitivo, el crecimiento de la asistencia alimentaria, las adicciones, la pobreza y la violencia. Sin embargo, uno de los ejes que cobró mayor relevancia fue el debate sobre los cuidacoches.
El vicepresidente de Cáritas Rosario, Fabián Monte, sostuvo que si bien desde la Iglesia rechazan cualquier hecho de violencia, extorsión o amenaza, consideran que la mayoría de quienes trabajan como trapitos lo hacen como forma de subsistencia. “Prohibirlos es esconder el problema. Muchos viven de esta changa y no se puede ignorar qué pasaría con ellos si se los expulsa de la calle”, planteó.
En esa línea, advirtió que una medida prohibitiva no resolvería la problemática de fondo. “Las cosas no desaparecen por prohibirlas. Esto está vinculado a la pobreza, la exclusión, las adicciones y la falta de oportunidades. En una sociedad más inclusiva, estas situaciones disminuirían”, señaló, al tiempo que remarcó la necesidad de avanzar en mecanismos de regulación en lugar de sanción.
Monte también cuestionó que se busque penalizar la actividad: “Siempre terminan pagando justos por pecadores. Hay personas que trabajan sin generar conflictos y otras que no, pero no se puede aplicar una solución uniforme”. Además, subrayó que muchas de estas personas atraviesan situaciones de vulnerabilidad extrema.
Por su parte, el arzobispo Eduardo Martin coincidió en que la respuesta no debe ser la prohibición. Consideró que incluso quienes realizan tareas informales, como limpiar parabrisas o cuidar autos, brindan algún tipo de servicio y merecen respeto. “Nadie es un cero en la sociedad. Son personas que, aun en condiciones difíciles, intentan aportar algo”, expresó.
No obstante, aclaró que cualquier conducta delictiva debe ser sancionada, aunque insistió en que el enfoque general debe apuntar a ordenar la actividad y promover una convivencia más equilibrada en un contexto social complejo.
Desde la Pastoral Social también remarcaron que su mirada se basa en la Doctrina Social de la Iglesia, que pone en el centro la dignidad de la persona humana y promueve valores como la justicia social, la solidaridad y el bien común.
El posicionamiento de la Iglesia se da en paralelo al avance de distintos proyectos en el Concejo Municipal que buscan prohibir la actividad de los cuidacoches e incluso establecer sanciones o arrestos para quienes reincidan. Las iniciativas fueron presentadas por ediles de distintos espacios políticos, con el objetivo de retirar a los trapitos de la vía pública.
A nivel provincial, el Senado de Santa Fe ya otorgó media sanción a un proyecto que propone modificar el Código de Convivencia para prohibir la actividad y aplicar penas de hasta 15 días de arresto. La iniciativa también contempla la implementación de medidas de contención social y programas de reinserción laboral para las personas afectadas.