La fiscal de menores Ana Laura Gioria imputó a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas de atentados en una escuela de Llambi Campbell, ubicada a unos 50 kilómetros de la capital provincial. Se trata de un caso inédito en Santa Fe: son los primeros adolescentes imputados penalmente por este tipo de hechos tras el crimen de Ian Cabrera.
Luego de aquel episodio fatal, se registró un fuerte aumento de amenazas falsas en establecimientos educativos de toda la provincia. El secretario de Análisis y Gestión de Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, advirtió que el fenómeno crece impulsado por una “viralización negativa”, a través de pintadas, mensajes de WhatsApp y publicaciones en redes sociales.
Ante este escenario, el gobierno santafesino implementó un protocolo para endurecer la respuesta frente a estas situaciones, que dejó de considerar “bromas” para encuadrarlas como delitos. La normativa prevé sanciones tanto para los estudiantes involucrados como para los adultos responsables en caso de menores, además de la posibilidad de cobrar los costos de los operativos de seguridad, estimados en alrededor de 5 millones de pesos.
En relación al caso puntual, la audiencia se llevó a cabo en los tribunales de Esperanza. Los acusados —identificados como J.O. y Yamil Alexander G., este último mayor de edad— fueron imputados por amenazas coactivas e intimidación pública en concurso ideal. La Justicia dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva, mientras que la investigación continúa sobre un tercer implicado, un menor de 15 años.
Según la investigación, los jóvenes fueron identificados a partir de una nota hallada en el baño de la escuela que decía: “Devuelvan los celulares o tiroteo”. La principal hipótesis vincula el mensaje con la prohibición del uso de teléfonos móviles dentro de la institución.
El caso marca un antes y un después en la respuesta judicial ante este tipo de intimidaciones, especialmente tras el impacto generado por el crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal. Desde entonces, las escuelas santafesinas atraviesan un clima de alta tensión, con reiteradas amenazas que obligan a activar operativos de seguridad.
En menos de una semana, el gobierno provincial contabilizó más de 150 alertas por posibles ataques y logró identificar al menos a siete personas responsables.
En paralelo, el Ministerio de Justicia y Seguridad avanzó con un nuevo mecanismo para recuperar los gastos que generan estos procedimientos. El ministro Pablo Cococcioni explicó que cada operativo puede costar entre 5 y 6 millones de pesos, desde la intervención del 911 hasta la actuación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La resolución 1.201/26 establece un sistema de intimación extrajudicial para exigir el pago de esos costos, con el objetivo de desalentar este tipo de conductas y optimizar el uso de los recursos públicos.
El avance de esta causa refleja un endurecimiento en la actuación judicial frente a hechos que generan alarma social, alteran el funcionamiento de las escuelas y demandan un importante despliegue estatal.