El gobierno de la provincia de Santa Fe llevó adelante este jueves en el Salón Metropolitano de Rosario la quinta subasta de bienes incautados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). La jornada reunió una oferta amplia y diversa, pensada para distintos perfiles de interesados y con participación de personas de distintos puntos del país.
Uno de los momentos más destacados fue el remate de la avioneta decomisada al agente de Bolsa Daniel Casanovas, imputado por estafas. Tras varias idas y vueltas judiciales, la aeronave —un Cessna con capacidad para seis personas— salió a la venta con una base de 50 millones de pesos y, tras una rápida puja, se adjudicó finalmente en 70 millones.
Días antes, la defensa de Casanovas había solicitado suspender la subasta ante el Centro de Justicia Penal, con el respaldo de acreedores que participan del concurso preventivo de la empresa, al considerar que el bien debía destinarse al pago de deudas. Sin embargo, el juez Nicolás Villanueva, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4, ratificó poco antes del remate que la operación podía concretarse.
Además de la aeronave, otros bienes también alcanzaron valores muy por encima de su precio base. Una Ford Ranger 2020, que partía de 16 millones de pesos, se vendió en 51 millones; un Audi A7 2018 pasó de la misma base a 42 millones; mientras que una Toyota Corolla Cross 2021, con piso de 14 millones, se remató en 36 millones. También se subastó mobiliario de un fondo de comercio por 15 millones de pesos.
El evento marcó récords tanto por la cantidad de lotes —cerca de 150— como por la participación, con más de 5.400 personas inscriptas. La oferta incluyó automóviles, motocicletas, tecnología, un fondo de comercio y hasta una aeronave, con precios que iban desde los 45.000 pesos, en el caso de una moto Zanella de 50cc, hasta los valores más altos encabezados por el avión.
Antes del inicio, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó que se trató de la subasta más grande del país y subrayó el objetivo de debilitar a las organizaciones delictivas mediante el decomiso y la venta de sus bienes. En la misma línea, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, afirmó que estas políticas buscan “cortar de raíz el circuito del delito”, mientras que el gobernador Maximiliano Pullaro remarcó la decisión de perseguir el delito, encarcelar a los responsables y recuperar sus bienes para destinarlos a la sociedad.
Desde el inicio de la gestión de Pullaro, la provincia ya recaudó más de 3.500 millones de pesos a través de cuatro subastas anteriores. La última de ellas, realizada en septiembre en la ciudad de Santa Fe, había alcanzado ventas por más de 1.238 millones.
Los remates son organizados por Aprad, organismo encargado de administrar los bienes secuestrados en causas judiciales. El objetivo es darles un destino social, ya sea mediante su asignación a fuerzas de seguridad, instituciones públicas o entidades de bien público, o bien a través de su venta o compactación, según corresponda.