Las iniciativas que buscan modificar aspectos centrales de la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, especialmente la eliminación de los sellos octogonales negros y la flexibilización de las restricciones al marketing dirigido a niños, generaron fuerte preocupación en el ámbito de la nutrición.
Desde el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires advirtieron que no solo está en discusión el etiquetado frontal, sino un conjunto más amplio de políticas públicas vinculadas a la publicidad de alimentos, la promoción de productos no saludables y su presencia en entornos escolares.
“La ley representa una política pública basada en evidencia científica y respaldada por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud. Además, garantiza el derecho de la población a acceder a información clara y visible sobre lo que consume”, sostuvo Laura Salzman, presidenta de la entidad.
Los profesionales destacaron que los sellos negros permiten identificar de manera rápida los excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías, todos factores asociados a enfermedades crónicas no transmisibles, uno de los principales problemas de salud en el país.
En ese sentido, Salzman remarcó que eliminar estos indicadores implicaría un retroceso en el acceso a la información: “Los octógonos simplifican datos complejos y los convierten en advertencias visibles que se interpretan en segundos. Funcionan como una herramienta de prevención antes de consumir un producto”.
Según señalaron, la evidencia técnica muestra que este sistema es uno de los más eficaces para aumentar la percepción de riesgo y reducir la intención de compra de alimentos poco saludables.
Además, alertaron que debilitar este tipo de regulaciones puede profundizar desigualdades, especialmente en niños, niñas y adolescentes, quienes están más expuestos a estrategias de marketing alimentario.
“Defender el etiquetado frontal es defender el derecho a saber qué comemos. La información clara y accesible no debe retroceder. La alimentación es una cuestión de salud pública, de derechos y de acceso equitativo a información para tomar decisiones”, concluyeron desde la institución.