La Policía Federal Argentina (PFA) recuperó más de 200 documentos históricos vinculados a figuras clave de la historia nacional, entre ellas el general José de San Martín. Entre el material también se identificaron piezas relacionadas con Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid.
El hallazgo no se limita a simples objetos antiguos: se trata de cartas, registros, fotografías y escritos de alto valor patrimonial que contribuyen a reconstruir parte de la memoria histórica del país y cuya circulación está protegida por la legislación vigente.
La investigación se inició a partir de los controles que realiza el Estado sobre plataformas de compra, venta y subastas online, con el objetivo de detectar posibles maniobras vinculadas al tráfico ilegal de bienes culturales. En ese marco, se detectó una publicación de una casa de subastas ubicada en la calle Rodríguez Peña al 1700, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se ofrecía un lote de más de 200 piezas históricas con un precio base de 100 mil dólares.
Entre los objetos en venta figuraban cartas, libros, fotografías y recortes periodísticos vinculados a distintas instituciones y organismos del país. Sin embargo, lo que encendió las alertas fue la presencia de documentos asociados a San Martín y a otros protagonistas centrales de la historia argentina.
Más allá del secuestro del material, la principal incógnita que surge de la investigación es cómo estos documentos, considerados parte del patrimonio histórico nacional, llegaron a ser ofrecidos en el circuito privado.
De acuerdo con los primeros análisis, las características de las piezas —como tipografías, sellos y fechas— indican que podrían estar alcanzadas por la Ley 15.930, que protege los documentos del Archivo General de la Nación y regula su preservación.
Esto implica que no se trata de simples objetos de colección, sino de materiales que integran la memoria documental del país y cuya circulación está estrictamente controlada para evitar su dispersión o pérdida.
Con las pruebas reunidas, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo, quien ordenó el secuestro de los documentos y su resguardo mientras avanzan las pericias correspondientes.
A partir de ahora, la Justicia deberá determinar el origen de cada pieza, identificar a las personas que las tenían en su poder y establecer si existen otras colecciones en condiciones similares dentro del mercado privado.