El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia al cargo en medio de una tormenta política e institucional desatada por el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera que atravesó un crecimiento exponencial apalancado por fondos estatales y de pensión, y que terminó congelando los depósitos de miles de ahorristas.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado”, expresó Peña a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, donde admitió que nunca fue su intención defraudar la confianza de la ciudadanía. La dimisión se produjo pocas horas antes de que la Cámara de Diputados debatiera la admisión de una solicitud de juicio político en su contra, impulsada por sus presuntos vínculos con el entramado societario del banco y la delicada situación económica.
El detonante de la crisis institucional se originó tras la decisión del Banco Central del Paraguay de iniciar el proceso de disolución de Ueno Bank al constatarse que su índice de solvencia se desplomó por debajo de los mínimos legales. La caída de la entidad dejó atrapados a millones de ahorristas y desató masivas protestas, además de poner bajo la lupa el manejo de cerca de 850 millones de dólares en fondos públicos y previsionales que administraba el banco.
Vínculos con el poder y fractura en el oficialismo
La presión sobre el Poder Ejecutivo escaló rápidamente debido a los lazos históricos entre funcionarios del gobierno, el propio Peña —quien figuraba como accionista de Ueno Holding antes de alegar su desvinculación— y el Grupo Vázquez, controlante de la entidad financiera. Asimismo, el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo Spalding, también había estado vinculado a la firma antes de asumir al frente de la entidad monetaria.
El golpe de gracia para la continuidad de Peña provino del interior de su propia fuerza, el Partido Colorado. El líder del espacio, Horacio Cartes, anunció que el sector político estaba dispuesto a respaldar la apertura del juicio político en el Congreso, sellando la suerte del mandatario y forzando su dimisión para evitar la destitución parlamentaria en medio de un escenario judicial que ya cuenta con varios directivos del banco detenidos y órdenes de captura para sus principales referentes.