El gobierno de Santa Fe impulsa una nueva reforma integral en materia de seguridad con el objetivo de reforzar la lucha contra el crimen organizado. La iniciativa, que forma parte de una segunda etapa de cambios tras las primeras medidas adoptadas al inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro, propone modificaciones en normas penales y penitenciarias.
El proyecto, titulado “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, ingresó el jueves pasado a la Cámara de Diputados. Contiene once ejes centrales que apuntan a reformar el Código Procesal Penal y otras leyes, con el fin de ampliar las facultades investigativas de la policía y del Ministerio Público de la Acusación (MPA), acelerar los procesos judiciales y establecer condiciones más estrictas para detenidos de alto perfil.
Entre otros aspectos, la propuesta contempla la creación de zonas de intervención especial donde podrían aplicarse restricciones a la circulación, así como medidas para inutilizar inmuebles vinculados al narcotráfico y actualizar el sistema de recompensas.
El proyecto fue elaborado bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo de Pablo Cococcioni, y parte de la premisa de que los mecanismos tradicionales del proceso penal presentan limitaciones frente a delitos complejos. En ese sentido, sostiene que el Estado debe contar con herramientas excepcionales para garantizar el orden público ante escenarios de violencia estructural.
La iniciativa ya anticipa un fuerte debate, especialmente por el alcance de las reformas procesales y jurídicas. En sus fundamentos, el texto plantea que no solo es responsabilidad del Estado evitar vulneraciones de derechos, sino también asegurar su ejercicio frente a amenazas provenientes de organizaciones criminales.
Entre los principales puntos del proyecto se destacan:
Declaración informativa e interrogatorio policial: se reincorpora la posibilidad de tomar declaraciones en etapas iniciales de la investigación y se habilita el interrogatorio policial sin la presencia obligatoria de un defensor en ese momento.
Juicio en rebeldía: se amplía la opción de juzgar a imputados ausentes cuando hayan sido debidamente notificados, con instancias posteriores de revisión en caso de que comparezcan.
Validación de pruebas: se fijan criterios para admitir evidencias que podrían quedar excluidas por su origen, buscando mayor previsibilidad en las decisiones judiciales.
Allanamientos por armas: se permite el ingreso a domicilios sin orden judicial en casos vinculados al secuestro de armas en la vía pública, para evitar la pérdida de pruebas.
Derribo de inmuebles por orden fiscal: los fiscales podrán disponer la inhabilitación de propiedades vinculadas a delitos en situaciones de “extrema obviedad”, sin intervención judicial previa.
Medidas coercitivas por decreto fiscal: se habilita la imposición de restricciones como vigilancia o limitaciones de circulación sin autorización judicial inicial, con control posterior.
Procedimiento por decreto penal: inspirado en modelos europeos, permitirá resolver delitos menores sin audiencia previa, aunque con posibilidad de revisión judicial.
Régimen para presos de alto perfil: se establece un sistema de aislamiento más estricto, con limitaciones en las visitas y comunicaciones.
Fortalecimiento de la inteligencia: se incorpora el uso de herramientas digitales y electrónicas, bajo autorización judicial, para prevenir delitos complejos.
Ampliación de recompensas: el Ejecutivo podrá ofrecer incentivos económicos no solo para esclarecer delitos, sino también con fines preventivos, como el desarme voluntario.
Zonas de intervención especial: se faculta al Ejecutivo a delimitar áreas con alta conflictividad donde la policía podrá aplicar controles de acceso, restricciones horarias, limitaciones al tránsito, prohibiciones específicas y demoras preventivas de hasta 48 horas, entre otras medidas.
El proyecto también prevé la posibilidad de realizar allanamientos en áreas determinadas y de reforzar el vínculo con referentes sociales para mejorar la prevención. La amplitud de las facultades propuestas y su impacto sobre derechos individuales anticipan un tratamiento legislativo atravesado por tensiones y discusiones.