El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, promulgó la ley que modifica el Código de Convivencia provincial e incorpora sanciones específicas para la actividad de los cuidacoches o “trapitos”. La normativa, aprobada tras un firme impulso legislativo, contempla penas que van desde el trabajo comunitario hasta el arresto efectivo para reincidentes y organizaciones.
Tras la firma del decreto, el municipio de Rosario ya puso en marcha los mecanismos necesarios en el Concejo para debatir la adhesión local y regular su aplicación en las calles de la ciudad.
Claves de la nueva ley provincial de cuidacoches
La legislación (identificada como ley N° 14.486) fue oficializada mediante el decreto 2121, rubricado por el mandatario provincial y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía. Su objetivo central es dotar al Estado de herramientas legales para ordenar el espacio público frente a situaciones de extorsión o cobros coercitivos.
- La contravención: Sanciona a quien ofrezca servicios de estacionamiento, cuidado o lavado de vehículos en la vía pública sin autorización o en zonas prohibidas, sin importar si el pago pretendido es “voluntario”.
- Sanciones básicas: De dos a diez días de trabajo comunitario y la prohibición de concurrir al lugar de la infracción.
- Reincidencia: Para quienes reincidan en la falta, la pena asciende a un rango de diez a veinte días de arresto.
Agravantes y penas para organizaciones
La normativa contempla un esquema de agravantes que duplica los mínimos y máximos de las sanciones cuando se detectan situaciones de mayor vulnerabilidad o violencia. Entre los puntos destacados figuran:
- Uso de amenazas o violencia.
- Operar en zonas de estacionamiento tarifado, áreas escolares, bancarias, comerciales o edificios públicos.
- Desarrollar la actividad en una franja horaria nocturna (de 18 a 6).
- Actuar en las inmediaciones de eventos masivos, abarcando un radio de hasta 20 cuadras desde dos horas antes hasta una hora después de finalizados.
Asimismo, si se constata un acuerdo previo entre dos o más personas, el arresto se fija entre 10 y 20 días. Y si se comprueba la existencia de organizadores o coordinadores, la escala punitiva puede elevarse hasta cuatro veces, alcanzando un máximo de 80 días de arresto. Paralelamente, la ley exige al Ejecutivo implementar políticas de inclusión, capacitación en oficios y abordaje de consumos problemáticos.
Cómo avanza la adhesión en Rosario
Con el marco provincial ya sancionado, el Concejo Municipal de Rosario aceleró las negociaciones y celebró su cuarta mesa de trabajo sobre la temática, contando con la participación del senador departamental Ciro Seisas, autor de la iniciativa.
Durante el encuentro encabezado por la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck, se analizó la necesidad imperiosa de dictar una ordenanza local para adherir al régimen y coordinar las tareas de la Secretaría de Control con la Policía provincial.
Los datos expuestos en la mesa reflejan la dimensión del escenario local: un relevamiento oficial detectó 1.395 cuidacoches en la ciudad —con 1.218 concentrados en el área céntrica—, al tiempo que durante 2025 se concretaron unas 200 detenciones policiales vinculadas al sector. El objetivo del nuevo esquema es trazar una línea clara entre quienes solicitan una colaboración voluntaria y aquellos circuitos organizados que extorsionan a los automovilistas.