La discusión legislativa en torno al proyecto de seguridad enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro a la Legislatura de Santa Fe sacó a la luz rispideces y tensiones internas dentro de la alianza oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, enfrentando directamente a la Unión Cívica Radical (UCR) con el Partido Socialista (PS).
A pesar de los encuentros y negociaciones entre funcionarios del gabinete provincial —como los ministros Pablo Cococcioni (Seguridad y Justicia) y Fabián Bastia (Gobierno)— y los legisladores de ambas fuerzas, el acuerdo definitivo se mantiene trabado en la antesala del debate parlamentario.
Los puntos de conflicto en la reforma
El paquete de leyes propuesto por la Casa Gris busca dotar al Estado de nuevas herramientas para combatir el crimen organizado, contemplando medidas sensibles que generan debate interno:
- Facultades ampliadas: Mayor margen de acción para fiscales y policías en operativos.
- Allanamientos e interrogatorios: Posibilidad de realizar procedimientos y tomar declaraciones bajo determinados parámetros de control judicial posterior.
- Zonas especiales y de intervención: Creación de perímetros de actuación policial intensificada.
- Decreto penal: Instrumentación de un procedimiento abreviado para delitos menores.
Mientras que el radicalismo defiende el núcleo central de las medidas argumentando que el Ejecutivo necesita firmeza para consolidar el orden y enfrentar a las bandas delictivas, el sector socialista reclama mayores límites a las facultades policiales, un control estricto sobre las zonas de intervención especial y reparos sobre los interrogatorios y el decreto penal.
La presión de Pullaro y el factor legislativo
Ante las demoras acumuladas en el tratamiento del proyecto, el gobernador Maximiliano Pullaro endureció su postura y exigió públicamente la rápida sanción de la normativa. Durante un acto oficial en la capital provincial, el mandatario ratificó la necesidad de contar con herramientas efectivas frente al delito y cuestionó las demoras y las miradas que tildó de “garantistas”.
Por su parte, la pulseada también se sintió en la dinámica parlamentaria entre las autoridades de ambas cámaras, con cruces de reclamos sobre los tiempos y el análisis técnico que pasó por la Corte provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Defensa Pública. Con un plenario de comisiones convocado de urgencia, el oficialismo buscará contrarreloj los consensos necesarios para llevar el dictamen al recinto.