El gobierno de Santa Fe tomó posesión este miércoles de un edificio de tres pisos ubicado sobre calle Buenos Aires al 1000, en el centro de Rosario, que había sido decomisado por la Justicia en el marco de una causa por lavado de activos. El inmueble pertenecía al empresario Leandro David “Lelo” Pérez, condenado por una megacausa vinculada a maniobras de estafa inmobiliaria y lavado de dinero.
El operativo fue encabezado por funcionarios de los ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Justicia y Seguridad, con participación de efectivos policiales. Durante el procedimiento fueron desalojadas las personas que permanecían en el edificio, sin que se registraran incidentes.
El edificio será subastado
El inmueble cuenta con 27 departamentos, algunos ocupados por inquilinos y otros que, según las autoridades, habían sido usurpados recientemente. Tras la toma de posesión, el edificio pasará a integrar el listado de bienes decomisados al delito que la Provincia prevé subastar públicamente entre marzo y abril de 2027.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo es impedir que organizaciones o personas condenadas por actividades ilícitas continúen obteniendo beneficios económicos de esos bienes y destinar los recursos recuperados al Estado.
Denuncian un intento de usurpación
El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, explicó que el procedimiento se realizó luego de que la Justicia ordenara el decomiso definitivo del inmueble.
El funcionario indicó que el edificio había sido adquirido con dinero proveniente de actividades ilícitas y sostuvo que la recuperación del bien forma parte de la política provincial de atacar el patrimonio económico de las organizaciones criminales.
Además, reveló que durante la noche anterior al operativo se produjo un intento de ocupación ilegal del edificio.
Según detalló, un grupo de personas habría ingresado al inmueble con la intención de instalarse en los departamentos vacíos, situación que motivó el allanamiento y el desalojo ordenados por la Justicia.
Inquilinos notificados y familias asistidas
Figueroa Escauriza explicó que la Provincia había iniciado semanas atrás un proceso de notificación a quienes residían en el edificio.
De acuerdo con la información oficial, cada uno de los ocupantes recibió avisos para abandonar el inmueble antes del 25 de julio, plazo que posteriormente fue extendido algunos días más para facilitar la búsqueda de una nueva vivienda.
El funcionario señaló que la mayoría de los residentes ya había desocupado los departamentos y que únicamente permanecían dos familias, que recibían asistencia durante el procedimiento. En cambio, sostuvo que las personas que ingresaron recientemente no tenían vínculo contractual con el edificio y fueron desalojadas.
También afirmó que el inmueble funcionaba bajo una modalidad similar a un hotel, con alquileres mensuales sin contratos formales, y que generaba ingresos cercanos a los 20 millones de pesos mensuales, recursos que, según remarcó, dejarán de percibir los condenados tras la ejecución del decomiso.
“Los bienes deben quedar del lado correcto”
Por su parte, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, destacó que la recuperación del edificio forma parte de una estrategia destinada a afectar el patrimonio de quienes obtuvieron bienes mediante actividades delictivas.
El funcionario sostuvo que la política provincial no solo apunta a perseguir delitos vinculados al narcotráfico o la violencia, sino también a investigar maniobras económicas complejas, como el lavado de activos y las estafas financieras.
En ese sentido, remarcó que el trabajo conjunto entre el Ministerio Público de la Acusación y las distintas áreas del gobierno permitió avanzar en el decomiso del inmueble y aseguró que el objetivo es que los bienes obtenidos ilegalmente pasen definitivamente a manos del Estado.