El debate en torno a la regulación y prohibición de los cuidacoches en Rosario volvió a quedar empantanado este miércoles en el Concejo Municipal. Tras una nueva reunión conjunta de las comisiones de Obras Públicas, Gobierno, y Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, los ediles no lograron arribar a definiciones concretas y el expediente pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana.

La discusión gira en torno al proyecto elevado por el intendente Pablo Javkin para concretar la adhesión formal de la ciudad a la ley provincial Nº 14.486. Dicha normativa busca erradicar la actividad ilegal de los “trapitos” e incorporar sanciones específicas al Código de Convivencia local, tales como trabajo comunitario, arresto ante reincidencias y penas agravadas por hechos de violencia o extorsión.

Modificaciones y tensiones en el recinto

Durante el plenario, la concejala Sabrina Prence introdujo una serie de propuestas orientadas a robustecer el costado social de la problemática. Entre los puntos presentados figuran un protocolo específico de actuación, la habilitación de múltiples canales de denuncia (como el 911, el 147 y el asistente virtual Munibot), campañas de difusión ciudadana y una mayor articulación con las fuerzas provinciales.

Asimismo, se debatió un esquema diferenciado para las sanciones económicas, eximiendo a quienes carecen de recursos y enfocando las multas en infractores con capacidad de pago, además de propiciar programas de capacitación en oficios e inserción laboral para personas en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, desde el bloque oficialista Unidos por Rosario, el edil Fabrizio Fiatti insistió en la urgencia de estructurar tres ejes fundamentales: la prohibición explícita, la operatividad de las multas a nivel local y el respaldo de políticas sociales, descartando por el momento priorizar el régimen de excepciones. Pese a las coincidencias generales, la falta de acuerdos sobre la instrumentación obligó a postergar la votación.

Fuerte cruce político por las demoras

La parálisis legislativa desató un fuerte malestar en el ámbito provincial. El senador Ciro Seisas —autor del proyecto original de la ley— utilizó sus redes sociales para cuestionar con severidad la falta de avances tras cuatro encuentros clave en el Palacio Vasallo (realizados en abril, octubre y noviembre).

Seisas criticó que se sumen semanas de retraso para implementar una normativa ya sancionada por la Legislatura santafesina y apuntó directamente contra el concejal libertario Juan Pedro Aleart, a quien acusó de ausentarse en todas las reuniones del cuerpo colegiado vinculadas a este tema: “El concejal Aleart estuvo ausente en todas. No trabaja”, disparó el legislador.

Para respaldar la urgencia de la medida, el senador aportó estadísticas oficiales que reflejan la magnitud del conflicto en las calles: durante el primer semestre del año se acumularon 3.453 denuncias al 911 vinculadas a cuidacoches, mientras que el número de personas identificadas en la vía pública trepó de 754 en 2025 a 1.395 al cierre de septiembre, lo que representa un incremento del 85%.

Desde el Ejecutivo municipal aspiran a destrabar los acuerdos necesarios para aprobar la ordenanza antes de que finalice el año, un paso clave para firmar los convenios operativos entre la Guardia Urbana y la Policía de Santa Fe. Mientras tanto, el tema continúa abierto y genera cruces en el recinto.