La profunda crisis que atraviesa el sector de discapacidad pone en riesgo la continuidad del centro de día de la Asociación Civil Alas, una institución con 38 años de trayectoria en Rosario. El espacio atiende actualmente a 30 jóvenes adultos con discapacidad y brinda acompañamiento tanto a ellos como a sus familias, además de articular con centros de salud cuando es necesario.
Marina Tur, coordinadora del establecimiento ubicado en la zona sur, advirtió que la situación es crítica debido a la deuda que mantiene el programa Incluir Salud. “Estimamos que en agosto no podremos seguir funcionando ni atender a los chicos y sus familias”, señaló.
Según explicó, la institución podrá sostener sus actividades hasta julio, pero la falta de pagos por parte del programa —dependiente del gobierno nacional— hace inviable la continuidad. “La situación es bastante crítica. No vemos cómo sostenernos si no hay una respuesta inmediata”, remarcó.
El centro ofrece talleres terapéuticos orientados al arte, el deporte, la inserción laboral, la autonomía y la integración social. “Trabajamos con jóvenes adultos, acompañándolos en su vida cotidiana y fortaleciendo su independencia”, detalló Tur. Además, subrayó que el equipo está conformado por 26 trabajadores entre profesionales, administrativos y personal auxiliar, quienes también podrían perder sus fuentes laborales.
Respecto a la deuda, indicó que asciende a casi 90 millones de pesos desde noviembre del año pasado. “Hace unos días recibimos un pago correspondiente a enero de 2026, pero es mínimo y no cubre ni la mitad de lo adeudado. No hay respuestas sobre los meses anteriores”, cuestionó.
Tur también se refirió a los cambios institucionales en el área. Recordó que el programa Incluir Salud dependía de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), organismo que fue disuelto tras denuncias de corrupción, y cuyas funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Salud de la Nación. En ese marco, señaló que las auditorías realizadas en los últimos meses resultaron desordenadas y generaron más incertidumbre. “Fue un proceso caótico, tuvimos que salir a buscar notificaciones sin claridad”, explicó.
La institución, fundada en 1988, celebró el pasado 1º de junio sus 38 años de trabajo ininterrumpido. “Hace décadas que acompañamos a personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Hay un trabajo enorme detrás de cada caso”, sostuvo la coordinadora.
Frente a este panorama, desde Alas manifestaron su preocupación por el futuro de los usuarios. “Nos preguntamos qué va a pasar con ellos si cerramos. Es una gran angustia”, expresó Tur.
En paralelo, la entidad se sumó a otras organizaciones del sector para respaldar un proyecto de ley de emergencia en discapacidad impulsado por el diputado provincial Carlos Del Frade. La iniciativa busca asistir a instituciones que atraviesan situaciones similares.
Pese al complejo escenario, Tur no pierde del todo la esperanza: “Creemos que alguien nos va a escuchar. Heos atravesado otras crisis, incluso la pandemia, y pudimos salir adelante. Pero hoy no vemos un panorama favorable. Necesitamos una respuesta urgente para no tener que cerrar nuestras puertas”.