El gobierno de Javier Milei resolvió retirar del debate en el Senado el capítulo más controvertido del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que proponía flexibilizar las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión llegó luego de que La Libertad Avanza advirtiera que no contaba con los votos suficientes para aprobar la iniciativa y corría riesgo de sufrir una derrota en el recinto.
La definición se tomó este miércoles durante una reunión encabezada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto a representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales que suelen acompañar al Gobierno nacional.
De esta manera, el oficialismo optó por dejar fuera del tratamiento legislativo la reforma de la Ley de Tierras y concentrar la sesión de este jueves en el resto del proyecto, que incluye modificaciones en los regímenes de expropiaciones, desalojos, la Ley de Manejo del Fuego y el Registro de la Propiedad Inmueble.
Gobernadores y aliados frenaron la iniciativa
El principal obstáculo para el Gobierno fue el rechazo de varios gobernadores considerados dialoguistas, quienes instruyeron a sus senadores a no acompañar la flexibilización del régimen de tierras rurales.
Entre ellos se encontraban Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones). A esas resistencias se sumaron legisladores radicales, la senadora cordobesa Alejandra Vigo, buena parte del bloque peronista y la salteña Flavia Royón, que cambió su postura durante las negociaciones.
En contraste, el Gobierno contaba con el respaldo de los senadores santafesinos de la UCR, Carolina Losada y Eduardo Galaretto, mientras que el peronista Marcelo Lewandowski ya había anticipado su rechazo al proyecto.
Según el conteo que manejaba el oficialismo, todavía le faltaban al menos cuatro votos para garantizar la aprobación del capítulo vinculado a las tierras rurales, lo que terminó forzando su retiro para evitar un revés parlamentario.
Qué proponía la reforma
La iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, atravesó múltiples modificaciones desde que fue presentada.
El texto original proponía eliminar buena parte de las restricciones vigentes para la compra de campos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. En las últimas versiones, el Gobierno ya había retrocedido parcialmente y planteaba elevar del 15% al 25% el límite permitido de tierras rurales en manos extranjeras.
Además, mantenía la prohibición para que otros Estados adquirieran directamente tierras rurales, aunque habilitaba esa posibilidad a empresas con participación estatal extranjera siempre que contaran con autorización conjunta del Poder Ejecutivo nacional y de la provincia correspondiente.
Sin embargo, esas modificaciones no alcanzaron para desactivar el rechazo de gobernadores, sectores políticos y organizaciones sociales que advertían sobre el impacto de una mayor extranjerización de territorios considerados estratégicos.
El Gobierno asegura que la reforma sigue en agenda
Tras la decisión, La Libertad Avanza difundió un comunicado en el que aclaró que el capítulo sobre tierras rurales no fue descartado, sino simplemente postergado.
Según el oficialismo, la intención es continuar negociando una nueva redacción que logre un mayor consenso político antes de volver a llevarla al recinto.
La marcha atrás representa un revés para Sturzenegger, quien consideraba la modificación de la Ley de Tierras como uno de los ejes centrales de su programa de desregulación económica. El ministro sostiene que las restricciones actuales desalientan inversiones extranjeras en sectores productivos como el agro, la actividad forestal y la infraestructura portuaria.
Qué se debatirá en el Senado
Con la reforma de tierras fuera del temario, el Senado retomará este jueves el cuarto intermedio dispuesto el pasado 16 de julio, cuando la falta de acuerdos ya había impedido avanzar con el proyecto.
El Gobierno intentará conseguir la aprobación del resto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye modificaciones para agilizar desalojos, endurecer las condiciones para las expropiaciones, introducir cambios en la Ley de Manejo del Fuego y actualizar el Registro de la Propiedad Inmueble.
También quedó fuera del debate la reforma vinculada con los barrios populares, otro de los puntos que generaba resistencia entre los bloques aliados.
Aunque la exclusión del capítulo sobre tierras permitió destrabar parcialmente la negociación, también redujo significativamente el alcance de una de las iniciativas que el Ejecutivo había presentado como una pieza clave de su agenda de reformas.