La decisión del gobierno nacional de eliminar los subsidios destinados a compensar a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos encendió el debate político y generó preocupación en sectores vinculados a la discapacidad y la salud.
La medida fue oficializada a través de una resolución de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, en el marco del esquema de desregulación impulsado por la gestión del presidente Javier Milei. A partir de este cambio, el Estado deja de cubrir parte del costo de los boletos sin cargo para personas con discapacidad, pacientes oncopediátricos y personas trasplantadas.
Aunque las empresas continúan obligadas por ley a otorgar estos pasajes, ahora deberán asumir el costo total, lo que, según advierten distintos sectores, podría impactar en el acceso efectivo al beneficio.
En este contexto, legisladores nacionales presentaron un proyecto en el Congreso para solicitar la derogación de la medida y la restitución de los mecanismos de compensación vigentes desde 2018. La iniciativa fue impulsada, entre otros, por el diputado santafesino Diego Giuliano, quien advirtió sobre las posibles consecuencias sociales de la decisión.
“El transporte gratuito no es un privilegio, sino una herramienta de inclusión y acceso a derechos básicos como la salud, la educación y la integración social”, planteó el legislador, quien además cuestionó que la medida se haya adoptado sin contemplar su impacto en la vida cotidiana de los beneficiarios.
En ciudades como Rosario, desde la Terminal Mariano Moreno indicaron que, por el momento, el sistema sigue funcionando sin cambios. Se mantiene el esquema de cupos —dos pasajes cada 54 asientos—, aunque sujetos a disponibilidad.
Para acceder al beneficio, los usuarios deben realizar el trámite con anticipación y presentar la documentación correspondiente, como el DNI y el Certificado Único de Discapacidad. En el caso de viajes interjurisdiccionales, también puede gestionarse a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Pese a la eliminación de los subsidios, las leyes que garantizan el acceso al transporte gratuito continúan vigentes, entre ellas la ley 22.431 de discapacidad, la ley 26.928 para personas trasplantadas y la ley 27.674 para pacientes oncopediátricos. En determinados casos, el beneficio incluye también a un acompañante.
Sin embargo, la medida reavivó preocupaciones por antecedentes en los que se registraron restricciones, demoras o dificultades para acceder a los pasajes, incluso con el esquema de subsidios vigente. Organizaciones del sector temen que, sin ese respaldo económico, los inconvenientes puedan profundizarse, afectando a quienes dependen del transporte para tratamientos médicos y otras necesidades esenciales.