El gobierno de Santa Fe dispuso una recompensa de 16 millones de pesos para quienes aporten información clave que permita identificar a los responsables del femicidio de Ailén Ayelén Oggero, ocurrido el 18 de febrero de 2025 en pasaje Prusia al 6700, en Rosario.
El caso, que tiene como víctima a una enfermera del Hospital Centenario, también derivó en la suspensión de la fiscal María Verónica Ballari, cuestionada por no haber profundizado la investigación sobre la expareja de la mujer, pese a las denuncias previas por violencia de género.
Sin avances concretos en la causa, el crimen continúa impune. La recompensa fue oficializada en el Boletín Oficial provincial bajo el número 1879/2026.
Según se detalla en la resolución, la identidad de quienes aporten datos —así como de quienes eventualmente accedan a la recompensa— será resguardada antes, durante y después del proceso judicial. La información puede enviarse al correo recompensas@mpa.santafe.gov.ar o presentarse en cualquiera de las sedes del Ministerio Público de la Acusación. En Rosario, la oficina se encuentra en Sarmiento 2850.
Oggero tenía 32 años cuando fue asesinada a balazos en la puerta de su vivienda por personas que aún no fueron identificadas. De acuerdo con la investigación, la mujer sufría hostigamientos por parte de su expareja, Jonathan O., quien tenía una restricción de acercamiento vigente por denuncias previas.
Tras el femicidio, el hombre fue demorado e imputado días después por hechos de violencia de género. Sin embargo, nunca se logró vincularlo directamente con el crimen. Las presentaciones judiciales realizadas por la víctima daban cuenta de episodios reiterados de acoso, agresiones físicas, ingreso forzado a su domicilio y el robo de su vehículo.
La única medida de protección que tenía Oggero era la restricción de acercamiento. Pese a ello, el acusado fue detenido recién después del asesinato y luego recuperó la libertad al no poder acreditarse su participación en el hecho.
Desde el entorno de la víctima siempre lo señalaron como principal sospechoso. El hombre, por su parte, sostuvo que al momento del crimen se encontraba trabajando en la planta de Vicentin, en San Lorenzo, donde fue detenido al día siguiente.
Si bien esa coartada no lo desvincula completamente, la investigación no logró reunir pruebas suficientes. En ese contexto, también surgieron versiones sobre posibles vínculos del acusado con personas relacionadas al narcotráfico, una línea que, según cuestionamientos posteriores, no fue debidamente explorada.
Las críticas a la labor de la fiscal Ballari llegaron a la Legislatura santafesina, que a comienzos de junio resolvió suspenderla por 90 días sin goce de sueldo.
A más de un año del femicidio, la causa no registra avances significativos y no hay personas detenidas.