En medio de tensiones internas dentro del Gobierno, la Casa Rosada se prepara para enviar en las próximas horas un paquete de proyectos al Congreso. Entre las iniciativas figura la intención de derogar la ley de etiquetado frontal de alimentos, que obliga a incluir sellos negros de advertencia en los envases sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías.
La propuesta se enmarca en la denominada “batalla cultural” que impulsa el oficialismo, orientada a reducir la intervención del Estado. En esa línea, La Libertad Avanza logró recientemente la media sanción de la ley Hojarasca, que elimina más de 60 normativas consideradas obsoletas o sin aplicación.
Ahora, el foco está puesto en la normativa aprobada en 2021, que generó fuertes debates tanto en el Congreso como en la sociedad, y que fue resistida especialmente por la industria alimenticia. La ley establece que los productos envasados y bebidas sin alcohol deben exhibir advertencias visibles cuando contienen nutrientes críticos en exceso. También exige informar la presencia de cafeína o edulcorantes y limita el uso de estrategias de marketing dirigidas a niños.
Presiones y diferencias regionales
Desde el Gobierno reconocen que uno de los factores detrás de esta iniciativa es el reclamo de las empresas del sector alimenticio, que cuestionan la falta de criterios unificados en la región.
En países como Uruguay se utilizan octógonos con parámetros distintos a los de Argentina; en Chile rige un sistema diferente de advertencias, y en Brasil, aunque hay similitudes, los criterios de aplicación no son los mismos. Esta disparidad obliga a las compañías a adaptar sus envases según cada mercado.
Una posible solución sería avanzar hacia una homologación regional del etiquetado, aunque por el momento no hay señales de que esa opción esté en agenda ni que el Gobierno nacional impulse un acuerdo en ese sentido.
Debate político en puerta
Si bien el proyecto aún no fue presentado formalmente, en el oficialismo aseguran que su ingreso al Congreso es inminente. En paralelo, ya existen antecedentes de iniciativas similares impulsadas por dirigentes como Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero.
Cabe recordar que, al momento de su aprobación, la ley de etiquetado frontal generó divisiones dentro de PRO, donde algunos legisladores votaron en contra y otros optaron por la abstención, reflejando la complejidad del debate que ahora vuelve a escena.