Por Mónica Lenoci: La defensa de los derechos en salud no se limita a la atención médica individual. Los enfoques de Salud colectiva y Salud comunitaria nos recuerdan que la salud es un proceso social, profundamente ligado a las condiciones de vida, a la organización de las comunidades y a las políticas públicas que garantizan el acceso al cuidado.
En este sentido, la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud marca un punto clave: reconoce a las personas no solo como pacientes, sino como sujetos de derechos dentro del sistema sanitario. El acceso a la información, el consentimiento informado, el respeto por la dignidad y la confidencialidad no son solo normas administrativas; son herramientas para democratizar la relación entre el sistema de salud y la sociedad.
Cuando estos derechos se garantizan, se fortalece algo más profundo que la práctica médica: se fortalece el vínculo entre las instituciones de salud y la comunidad. La confianza, la participación y la autonomía son pilares fundamentales para construir políticas sanitarias más justas.
Defender los derechos del paciente es, en definitiva, defender una concepción de la salud basada en la dignidad, la participación social y el cuidado colectivo. Porque la salud no se produce solo en hospitales o consultorios: también se construye en el territorio, en la comunidad y en las redes sociales que sostienen la vida cotidiana.