A un mes de la desaparición de Micaela Albornoz, el Gobierno nacional anunció una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten información que permita encontrar a la joven rosarina de 31 años, cuyo paradero se desconoce desde el 24 de junio.
La medida fue dispuesta a través del Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad, que busca obtener datos útiles, concretos y verificables para avanzar en la investigación. Las denuncias pueden realizarse de manera anónima y confidencial llamando al 134 o enviando un correo electrónico a denuncias@minseg.gob.ar.
La búsqueda se trasladó a Córdoba
Aunque en las primeras semanas surgieron distintas pistas que ubicaban a Micaela en distintos puntos de Rosario, los últimos movimientos registrados con su tarjeta de débito y una serie de testimonios llevaron la investigación hacia la provincia de Córdoba.
Ante esa situación, familiares de la joven viajaron a la capital cordobesa para recorrer distintos sectores de la ciudad, distribuir carteles con su fotografía e intentar reconstruir sus últimos movimientos.
Uno de los principales indicios surgió tras el uso de la tarjeta de débito de Micaela. Según trascendió, el plástico fue utilizado por un hombre en situación de calle, con domicilios registrados tanto en Santa Fe como en Córdoba, quien fue demorado por la Policía.
El hombre declaró que encontró la tarjeta dentro de una riñonera abandonada y aseguró no tener ningún tipo de vínculo con la desaparición ni información sobre el paradero de la joven.
Continúa la investigación
A ese dato se sumaron testimonios de personas que afirmaron haber visto en Córdoba a una mujer con características físicas similares a las de Micaela.
Frente a estos elementos, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba se incorporó a la investigación, que continúa siendo coordinada junto a la Justicia de Rosario.
Los investigadores intentan determinar cómo llegó la joven a esa provincia y trabajan para establecer si viajó en un colectivo de larga distancia o en un vehículo particular. En ese marco, la fiscalía solicitó información a distintas empresas de transporte para verificar si Micaela figura registrada como pasajera en alguno de sus servicios.