Por Pedro Andrisani. Hay momentos en los que la realidad se encarga de explicar algunas contradicciones mejor que cualquier editorial. El Gobierno de Javier Milei, que convirtió el cumplimiento de las reglas fiscales en una suerte de dogma, acaba de recibir una orden bastante sencilla de otro poder del Estado: cumplir la ley.
El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución alcanza, entre otros puntos, la recomposición de los salarios de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles. Y no dejó demasiado margen para las interpretaciones: si el Gobierno no cumple, podrá aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora.
La ironía es casi perfecta. El Gobierno que llegó prometiendo terminar con los privilegios, las corporaciones y los supuestos excesos del Estado ahora necesita que la Justicia le recuerde que una ley aprobada por el Congreso no es una recomendación. Las leyes se cumplen. También cuando el destinatario es el propio Poder Ejecutivo.
Como si esto fuera poco, el Consejo Interuniversitario Nacional denunció a funcionarios del Gobierno por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La disputa, entonces, ya no es solamente por salarios, presupuesto o becas. También se convirtió en una discusión institucional sobre el respeto de las decisiones del Congreso y de la Justicia.
Y mientras en los despachos oficiales se siguen haciendo cuentas, en las universidades se hace algo bastante más importante: se enseña, se investiga, se forman profesionales y se generan conocimientos. En Rosario sabemos perfectamente lo que significa una universidad pública para una ciudad. La UNR no es una partida presupuestaria más. Es parte de la identidad, del desarrollo y de las oportunidades de miles de personas.
Por eso la figura de Franco Bartolacci tiene especial relevancia. Como rector de la UNR y presidente del CIN, viene sosteniendo el reclamo para que el Gobierno cumpla con la legislación vigente. La Justicia acaba de darle un nuevo elemento institucional a esa demanda: existe una medida cautelar firme y el Ejecutivo tiene ahora cinco días para cumplirla.
El Gobierno podrá seguir hablando de déficit cero, motosierra y equilibrio fiscal. Pero hay una pequeña cuestión que no entra en ninguna planilla de Excel: la universidad pública no es un gasto inútil que se pueda recortar sin consecuencias.
Cada peso que no llega a una universidad tiene impacto en un salario, una beca, una investigación, un laboratorio o en las posibilidades de un estudiante de continuar su carrera. Y cada día de demora en cumplir una ley profundiza un conflicto que lleva demasiado tiempo.
El 15 de octubre, la comunidad universitaria volverá a las calles. No solamente para reclamar por salarios o presupuesto. También para defender una idea de país en la que estudiar no dependa de cuánto dinero tenga una familia y en la que la ciencia y el conocimiento sean políticas de Estado.
La Justicia puso cinco días. El CIN denunció. Las universidades siguen reclamando.
Ahora el Gobierno tiene una tarea bastante menos épica que anunciar otra motosierra: cumplir la ley.
Porque hay cosas que una motosierra no debería tocar. Entre ellas, la educación pública.