Con fuertes cuestionamientos de sectores opositores, las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales avanzaron con dictámenes favorables para reformar la Ley de Glaciares. El proyecto será debatido este miércoles desde las 15 en el recinto de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley.
El despacho de mayoría reunió 37 firmas: 27 de La Libertad Avanza, 4 del PRO, 2 de la UCR, 2 de Innovación Federal, una de Producción y Trabajo y otra de Somos Catamarca. En paralelo, se presentaron tres dictámenes de rechazo: uno de Unión por la Patria con el respaldo de sus 23 integrantes; otro de Provincias Unidas, firmado por María Inés Zigarán, Pablo Juliano, Juan Brügge y Pablo Farías; y un tercero del diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Desde la oposición ya anticipan posibles presentaciones judiciales si la iniciativa avanza.
El plenario de comisiones comenzó con críticas por la participación de funcionarios vinculados a la actividad minera. Ferraro cuestionó la presencia del secretario de Minería, Luis Lucero, y señaló que el oficialismo convocó únicamente a representantes de provincias cordilleranas con proyectos extractivos. A ese planteo se sumaron Sabrina Selva y Romina Del Plá.
En la misma jornada se definieron autoridades en ambas comisiones. En Recursos Naturales, Sabrina Selva fue designada vicepresidenta primera, Soledad Molinuevo vicepresidenta segunda y Pamela Verasay secretaria primera. En Asuntos Constitucionales, que preside el santafesino Nicolás Mayoraz, se nombró a Diego Giuliano como vicepresidente primero y a Diógenes González como vicepresidente segundo.
La propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, cuando fue aprobada con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. El texto plantea modificar los criterios de resguardo de glaciares y áreas periglaciares, y otorga a las provincias mayor injerencia para definir qué zonas quedan alcanzadas por esa protección.
Además, habilita a los gobiernos provinciales a solicitar cambios en el Inventario Nacional de Glaciares mediante estudios técnicos, lo que genera preocupación en organizaciones ambientales por el posible impacto en reservas de agua.
Durante el debate, gobernadores y funcionarios defendieron la iniciativa. El mandatario de San Juan, Marcelo Orrego, sostuvo que la minería es clave para el desarrollo futuro y aseguró que no se busca alterar los estándares ambientales. También afirmó que su provincia cuenta con herramientas para diferenciar áreas periglaciares con y sin función hídrica.
Por su parte, el secretario de Minería de la Nación relativizó las críticas y afirmó que el acceso al agua dulce no constituye un problema estructural, sino de distribución. Además, rechazó los cuestionamientos al proyecto y defendió la capacidad de las provincias para gestionar sus recursos, al considerar que se trata de una expresión del federalismo.
Entre las voces críticas, Zigarán cuestionó que no hayan sido convocados ministros de ambiente provinciales ni representantes del Consejo Federal de Medio Ambiente. En la misma línea, Ferraro advirtió sobre la influencia del sector minero en el proceso legislativo y criticó la exclusión de especialistas y representantes de provincias no mineras.
En el oficialismo confían en alcanzar los votos necesarios para la aprobación en Diputados, con el acompañamiento de bloques aliados y legisladores cercanos a gobernadores de provincias con actividad minera, como San Juan y Catamarca, que promueven la reforma para incentivar inversiones.
El tratamiento del proyecto se da tras una audiencia pública realizada a fines de marzo, que se desarrolló durante dos jornadas y registró más de 102 mil inscriptos, aunque menos de 400 pudieron participar. En ese ámbito predominaron las posturas contrarias a modificar la ley vigente.
Organizaciones ambientalistas y particulares ya adelantaron que podrían acudir a la Justicia en caso de sanción, al cuestionar tanto el contenido del proyecto como la validez de la audiencia pública, que consideran no cumplió con los requisitos establecidos por la normativa ambiental.