La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó este martes la plena vigencia de la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con parte de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario presentado por el Estado.
La resolución representa un nuevo revés judicial para el Ejecutivo en el conflicto con las universidades públicas y establece que no existe ningún impedimento para ejecutar la cautelar, por lo que el Gobierno deberá avanzar con la actualización de salarios docentes y no docentes, además de garantizar los recursos destinados a becas estudiantiles.
La Cámara dejó sin efecto la suspensión de la cautelar
La decisión fue adoptada por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que consideró abstracto el recurso de apelación presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la ejecución de la medida cautelar.
Los magistrados entendieron que esa suspensión perdió sustento luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado Nacional, dejando firme la resolución que protegía a las universidades.
En consecuencia, el expediente fue remitido nuevamente al juzgado de primera instancia para que se avance con la ejecución plena de la medida judicial.
Mientras se resuelve el fondo de la causa, la cautelar continuará vigente y no podrá ser suspendida.
Qué deberá cumplir el Gobierno
La resolución judicial obliga al Estado nacional a disponer las partidas presupuestarias necesarias para garantizar:
- La actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales.
- La recomposición de los fondos destinados a becas estudiantiles.
- La continuidad de programas académicos contemplados por la Ley de Financiamiento Universitario.
El fallo se inscribe dentro de la disputa judicial iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios universitarios, quienes reclamaron el cumplimiento de la ley sancionada por el Congreso en 2025.
El origen del conflicto
La controversia comenzó luego de la publicación del Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno nacional condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La norma había sido aprobada por el Congreso, posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo y finalmente ratificada por ambas cámaras legislativas tras reunir los votos necesarios para insistir con su sanción.
Entre otros puntos, la ley establece mecanismos de actualización salarial para trabajadores universitarios y la recomposición de programas de asistencia estudiantil, incluidos los vinculados a becas.
Ante la demora en su implementación, el CIN promovió una acción de amparo colectivo que derivó en la medida cautelar ahora ratificada por la Justicia.
La Corte Suprema ya había respaldado la cautelar
Semanas atrás, la Corte Suprema de Justicia había rechazado el recurso extraordinario presentado por el Estado y dejó firme la cautelar que ordena aplicar los artículos centrales de la ley relacionados con el financiamiento universitario.
La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el planteo del Ejecutivo y mantuvieron la protección judicial sobre las partidas destinadas a salarios y becas.
Un conflicto que continúa
La ratificación de la cautelar se produce en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y el sistema universitario público.
Aunque en las últimas semanas el Ejecutivo acordó una actualización presupuestaria para las universidades nacionales, desde las instituciones educativas señalaron que esos incrementos continúan por debajo de los recursos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario.
Mientras la Cámara avanza hacia una sentencia definitiva sobre el fondo del expediente, la resolución conocida este martes garantiza que las partidas protegidas por la cautelar deberán seguir ejecutándose.