La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe cumplir de manera inmediata con la ley de financiamiento universitario y avanzar en la recomposición salarial del personal docente. Al rechazar la apelación del Poder Ejecutivo, el tribunal fue contundente y calificó sus argumentos como “poco serios”.
El fallo fue recibido con alivio en el ámbito académico. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, lo consideró “una excelente noticia para la comunidad universitaria en un contexto extremadamente delicado” y destacó que la resolución respalda la medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La decisión judicial obliga al Estado a aplicar de forma inmediata los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que contemplan la actualización salarial para docentes y no docentes de todas las universidades públicas —desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma en septiembre de 2025—, así como la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
En su resolución, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán rechazaron el planteo del Gobierno, que sostenía que la cautelar implicaba una sentencia definitiva encubierta, y señalaron que ese argumento carecía de sustento.
Asimismo, remarcaron que el impacto fiscal de la medida es acotado y que no compromete de manera significativa el interés público, al tiempo que resguarda un derecho fundamental garantizado por la Constitución: el acceso a la educación superior pública.
La cautelar original había sido dictada en diciembre por el juez federal Enrique Cormick, tras un amparo presentado por el CIN junto a más de 40 universidades. En ese fallo, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 —que suspendía la aplicación de la ley y la subordinaba a la disponibilidad de recursos— evidenciaba “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, además de una “inobservancia clara e incontestable” de obligaciones legales que afectan el funcionamiento del sistema universitario.
Por su parte, el Gobierno nacional había cuestionado la resolución al tildarla de “arbitraria” y sostuvo que la implementación de la ley requería previamente definir sus fuentes de financiamiento e incorporarlas al Presupuesto. También advirtió sobre eventuales efectos en el equilibrio fiscal. Sin embargo, la Cámara desestimó esos argumentos y ordenó el cumplimiento inmediato de la norma.