“Señor juez, soy Sebastián, médico de 42 años y hoy, en el día de mi cumpleaños, estoy acá. Podría no haber venido, pero lo hice porque hace 17 meses que estoy reclamando Justicia”, dijo el Dr. Grin, quien declaró como víctima, de un litigio que mantiene con su ex pareja María Eugenia L. acusada por los delitos de daño y lesiones leves dolosas.
“No me es fácil estar acá”, expresó con la voz entrecortada el médico traumatólogo que, el año pasado, estuvo seis días privado de su libertad por una denuncia por abuso sexual que fue desestimada por el Ministerio Público de la Acusación.
Acompañado por el abogado Santiago Banegas en su rol de querellante, Grin le pidió al juez Leandro Lazzarini que se expida “por todos los hombres que somos víctimas de falsas denuncias” y leyó una reflexión en torno a “la igualdad ante la ley” para hombres y mujeres en la que declaró no sentirse “defendido por las normas” que se aplican.
“La paciencia se agotó”
Sus dichos fueron en el marco de una audiencia solicitada por la querella y celebrada en la Sala 4 del subsuelo de tribunales, a los fines de pedir el agravamiento de medidas cautelares no privativas de la libertad, dado que la imputada habría incumplido en forma reiterada las alternativas impuestas por la justicia para resguardar a la víctima.
Puntualmente, el Dr. Banegas solicitó “revisar las medidas cautelares en virtud de los reiterados incumplimientos” como la “prohibición por orden judicial que le impedía hostigar a la víctima por cualquier medio”.
“Esta parte ha sido sumamente paciente”, pero la imputada “incumplió las medidas más de 20 veces” desde que en enero de 2025 el caso llegó a la justicia penal. “Hicimos 18 escritos de incumplimiento” y “la paciencia de esta parte se agotó el miércoles pasado cuando realizó cuatro publicaciones -historias en Instagram- donde acusa a mi cliente de abuso sexual”, expresó el letrado.
Un millón de pesos
Banegas recordó que dicha práctica ya había sido utilizada judicialmente “y desestimada in limine”, con un costo para su representado que entonces fue detenido y liberado luego de 6 días, sin que la fiscalía formalizara imputación. “Sabiendo del archivo de estas denuncias hizo publicaciones falsas, que están resguardadas” por escribano y este jueves se exhibieron en audiencia.
En ese sentido, el querellante manifestó que “las medidas alternativas” dispuestas el año pasado, “no están siendo idóneas para mitigar los riesgos procesales”, poniendo en crisis incluso la tranquilidad de los testigos de la causa.
Banegas se manifestó opuesto al pedido de prisión como forma para resolver el conflicto, no obstante “solicitamos una caución real de $ 1.000.000, para que al menos piense antes de incumplir” con el mandato judicial.
Por su parte, el fiscal Ignacio Suasnabar, adhirió al planteo del querellante al sostener que “entiendo que hay que endurecer las medidas no privativas de la libertad”, las cuales en audiencia del 9 de enero de 2025 consistían en una prohibición absoluta para administrar redes sociales, luego morigeradas en marzo.
En su defensa, la propia imputada pidió la palabra e intentó desviar la acusación diciendo que en las publicaciones aludidas “me refería a otra persona que me había mandado un mensaje”; hecho que fue rápidamente desacreditado por la querella al exhibir las copias de las publicaciones difamatorias en Instagram.
Por otra parte, el defensor público Gustavo Durando, reconoció que “existe un conflicto que ella no niega” y si bien aceptó la imposición de una caución, pidió que se fije en $ 500.000. Además, acompañó certificados médicos de que su defendida continúa con el tratamiento médico oportunamente indicado en sede judicial.
Sin controversias
Una vez expresadas las partes, el juez Lazzarini fue contundente en cuanto que “no hay controversia sobre el incumplimiento de la señora”, que actuó en “clara violación a las medidas impuestas” con anterioridad. Bajo dicho argumento coincidió en que “las medidas cautelares deben ser revisadas y ajustadas” tal como lo propuso el bloque acusador.
Finalmente, el juez Lazzarini resolvió retrotraer las medidas cautelares a las dispuestas el 9 de enero de 2025, cuando otro magistrado ordenó una prohibición total para el uso de redes sociales, tanto en perfiles propios existentes como en cuentas nuevas a nombre de María Eugenia L.
Asimismo, como la acusada manifestó utilizar las redes como medio de vida para promocionar su spa de uñas, el juez permitió su continuidad, aunque administrada por un tercero ajeno al conflicto.
En tanto, reiteró la obligación de fijar domicilio; dar continuidad al tratamiento médico requerido; la prohibición de contacto con la víctima y su entorno; comparecer cada 30 días ante las oficinas del MPA; y fijó una caución real de $ 500.000, que deberán ser depositados la semana próxima en cuenta judicial.
Fuente: El Litoral