El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, ordenó este martes una medida cautelar contra el programa Incluir Salud —dependiente del Ministerio de Salud— y el PAMI, con el objetivo de que regularicen en un plazo de 72 horas los pagos a prestadores que atienden a personas con discapacidad.
La resolución se dictó en el marco de un amparo colectivo de alcance nacional, que tendrá vigencia por seis meses o hasta que exista una sentencia definitiva.
En la presentación judicial, los demandantes advirtieron que la falta de pagos por parte del Estado está generando la interrupción de terapias y la suspensión en la entrega de medicamentos para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
El fallo toma como antecedente una decisión del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y dispuso la plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Durante el proceso, distintos prestadores confirmaron ante la Justicia que no están recibiendo los fondos correspondientes. Entre los casos expuestos, el Pequeño Cottolengo Don Orione informó que las demoras le generaron más de 41,5 millones de pesos en intereses durante 2026, sumados a otros 14,4 millones abonados en 2025, además de haber sufrido interrupciones en la provisión de medicamentos entre febrero y abril.
Por su parte, el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, atribuyó las demoras a un “reordenamiento estructural”. Según explicaron, los retrasos responden a los tiempos necesarios para corregir “desvíos acumulados” y garantizar la sostenibilidad del sistema.
Además, señalaron que el traspaso del programa Incluir Salud desde la ANDIS al Ministerio obligó a implementar nuevos criterios de gestión, lo que impactó en la tramitación de los pagos. No obstante, aseguraron que la cobertura no fue reducida y que el sistema se encuentra en proceso de regularización.