La Iglesia difundió este martes una carta abierta dirigida a legisladores nacionales en la que expresa su preocupación por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger.
El documento, titulado “La tierra: madre, hermana y bien común”, advierte que la iniciativa “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos a autodeterminarse”.
La misiva fue elaborada en el marco del debate parlamentario del proyecto, que propone modificaciones en normas clave como el régimen de expropiaciones, la ley de tierras rurales, la ley de manejo del fuego y el sistema de integración socio-urbana de barrios populares. El tratamiento en el Senado comenzó en comisiones, aunque su discusión en el recinto fue postergada.
El texto lleva la firma de Cáritas Argentina, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, y se difundió en un contexto de tensiones políticas que afectan el avance del proyecto en la Cámara alta.
Los principales cuestionamientos
Las organizaciones eclesiales centran sus críticas en dos aspectos centrales. Por un lado, cuestionan la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, tanto personas físicas como empresas. Actualmente, la legislación vigente establece un tope del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
El proyecto propone eliminar esa restricción y mantener únicamente limitaciones para Estados extranjeros, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo las levante si considera que no se afecta la seguridad nacional. Según la Iglesia, esto habilitaría el acceso sin restricciones a tierras vinculadas a recursos estratégicos como el agua.
Por otro lado, advierten que la iniciativa debilita la capacidad del Estado para regular el uso del territorio, planificar obras públicas y resguardar el interés general, en especial de los sectores más vulnerables, frente a intereses privados.
Fundamentos y citas papales
Para sostener su postura, el documento recurre a principios de la doctrina social de la Iglesia. En ese sentido, cita una encíclica del papa León, que señala que los bienes de la tierra —como el suelo, el agua y los recursos naturales— están destinados a toda la humanidad.
También retoma palabras de Juan Pablo II, quien sostuvo que no es coherente con ese principio que los beneficios de esos bienes queden concentrados en unos pocos.
Frente a los argumentos del Gobierno sobre el impulso al crecimiento económico, la carta plantea una visión alternativa del desarrollo, que pone en el centro a las personas y no a la acumulación de riqueza, y advierte sobre los riesgos de generar desigualdades o relegar regiones enteras.
Cambios en vivienda y desalojos
El proyecto también incluye modificaciones que generaron rechazo en organizaciones sociales, especialmente en materia habitacional.
Entre otros puntos, propone acelerar los desalojos mediante la aplicación del proceso sumarísimo —el más breve del sistema judicial— y reducir a tres días el plazo de intimación por falta de pago antes de iniciar una demanda.
Además, introduce cambios en la ley de integración socio-urbana de barrios populares, eliminando la suspensión de desalojos por diez años y el mecanismo de expropiación estatal para regularizar la situación de las familias.
Desde la organización TECHO advirtieron que estas reformas podrían afectar a más de cinco millones de personas, de las cuales el 35% son niños y niñas.
En este escenario, la Iglesia reiteró su llamado a priorizar el bien común y a resguardar los derechos de los sectores más vulnerables en el tratamiento de la iniciativa.