En cumplimiento del mandato constitucional, la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, presentó este jueves su informe de gestión ante la Legislatura provincial. En un contexto atravesado por recientes episodios de violencia juvenil, la funcionaria planteó un debate que busca interpelar a toda la sociedad: la posible regulación o incluso prohibición del uso de redes sociales en menores de edad como herramienta preventiva.
“He comenzado este informe entendiendo el contexto de violencia extrema, adolescente y juvenil que atravesamos como sociedad. No es solo un caso; es San Cristóbal, es el caso de Jeremías Monzón, es una situación de odio que nos obliga a tener otra mirada”, expresó Vranicich en diálogo con la prensa.
Durante su exposición, la fiscal aportó detalles de investigaciones en curso del Ministerio Público de la Acusación (MPA), desarrolladas junto a especialistas de la Policía Federal y la Procuración General de la Nación. En ese marco, advirtió sobre la existencia de comunidades digitales donde jóvenes de distintas partes del mundo interactúan y canalizan discursos de violencia.
“Hay un mundo digital que es físico y real. Los chicos usan aplicaciones que los adultos ni conocemos, como Roblox, TikTok o Instagram, pero también canales específicos de comunicación donde encuentran lugar para volcar odio en vez de empatía. Ahora entiendo por qué países pioneros están prohibiendo el acceso a menores de 16 años”, señaló.
A partir de este diagnóstico, Vranicich puso sobre la mesa experiencias internacionales. Mencionó el caso de Australia, donde se aplican fuertes sanciones económicas a empresas tecnológicas, y el de Francia, que limita el acceso a determinadas herramientas. No obstante, aclaró que su planteo apunta a abrir la discusión más que a impulsar una medida inmediata.
“No digo que haya que tomar la medida mañana, pero sí pongo en la mesa que los poderes del Estado —Legislatura, Nación y Provincia— analicen algo global: el acceso a las redes es mucho más profundo que el debate de si el chico lleva o no el celular a la escuela”, advirtió.
En relación a los hechos recientes, la fiscal calificó como “horroroso” el homicidio doloso cometido por un joven escolarizado. Indicó que el caso está esclarecido en cuanto a su autoría, aunque remarcó que lo verdaderamente preocupante es el trasfondo social que lo rodea.
“Como fiscales investigamos, pero estas son medidas preventivas que otros actores deben empezar a pensar seriamente”, sostuvo.
El informe presentado —de más de 250 páginas— da cuenta de un año de intensa actividad para el MPA. En ese sentido, Vranicich subrayó la articulación con el Ministerio de Seguridad y la Justicia Federal para abordar delitos complejos, muchos de ellos atravesados por el uso de tecnologías.
“Estamos viendo una metodología que antes no conocíamos. Es un desafío para el sistema judicial, pero también para padres, madres y funcionarios. El lunes 30 de marzo marcó un antes y un después en nuestra mirada sobre qué está ocurriendo con nuestros jóvenes”, concluyó.