Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de Santa Fe abre esta semana una ronda de consultas con actores clave del sistema judicial para debatir un paquete de proyectos sobre seguridad pública impulsados por el Poder Ejecutivo provincial.
Las reuniones son coordinadas por las comisiones de Seguridad Pública (presidida por Martín Rosúa) y de Asuntos Constitucionales y Legislación General (encabezada por Lionella Cattalini). Para las jornadas de discusión fueron citados los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, como así también las cúpulas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio Público de la Defensa.
Mayores facultades policiales y control de celulares robados
El debate se centra en tres iniciativas centrales enviadas por la gestión provincial:
- Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública: Propone reformas al Código Procesal Penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas. Además, otorga mayores facultades a la Policía en la vía pública ante situaciones de urgencia y crimen organizado.
- Mercado de dispositivos tecnológicos: Dispone la creación de un sistema provincial para intervenir y fiscalizar la cadena de comercialización de celulares y aparatos robados, iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.
- Defensa de las fuerzas de seguridad: Prevé la creación de unidades especiales dentro de la Defensa Pública y la incorporación de ocho cargos de Defensores Públicos para asistir jurídicamente a efectivos policiales.
“Los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito”, argumenta el Ejecutivo en los fundamentos de la ley de Fortalecimiento de la Seguridad.
Definiciones y agenda legislativa
Mientras las autoridades de la Defensa confirmaron su asistencia y el MPA estará representado por coordinadores de gestión e investigación criminal, la Corte Suprema evaluará su postura en el acuerdo semanal antes de confirmar su participación.
El objetivo del interbloque de Unidos es debatir las iniciativas durante el mes de octubre para lograr la sanción en el recinto durante noviembre, antes del cierre del período de sesiones ordinarias. Las próximas instancias incluirán también consultas a colegios de abogados, catedráticos y especialistas en materia penal.