La Cámara de Diputados de Santa Fe resolvió unificar el tratamiento de los distintos proyectos vinculados a la salud mental en el ámbito de la Comisión de Salud, que convocará a un encuentro específico el próximo miércoles 17. En ese marco, el tratamiento preferencial previsto para este jueves sobre trece iniciativas quedará en suspenso hasta esa fecha.
La presidenta de la comisión, la diputada socialista Varinia Drisun, confirmó que la reunión contará con la participación de autoridades del Ministerio de Salud, entre ellas funcionarios del área de Salud Mental encabezada por Gonzalo Chiesa.
El eje central del debate será un proyecto que solicita al Poder Ejecutivo provincial que garantice la implementación efectiva de los lineamientos establecidos en la Resolución Nº 990/2023 del Ministerio de Salud. La iniciativa, impulsada por Claudia Balagué junto a legisladores de distintos bloques, apunta a fortalecer las políticas públicas en materia de salud mental.
A este expediente se suman otras propuestas presentadas por sectores opositores, todas orientadas a abordar la problemática desde distintas perspectivas.
La Resolución Nº 990/2023 aprobó el Plan Provincial de Salud Mental 2022-2028, concebido como una herramienta estratégica para impulsar transformaciones estructurales en el sistema de atención, particularmente en relación con los consumos problemáticos y los cuidados integrales.
El plan reconoce la responsabilidad del Ministerio de Salud en la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud mental, así como en la gestión del sistema sanitario. Además, plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo comunitario que supere el esquema hospitalocéntrico y manicomial.
En ese sentido, Balagué destacó que el plan fue elaborado mediante un proceso participativo que involucró a distintos actores del sistema sanitario y que se alinea con la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657. También subrayó que su implementación requiere la participación activa de usuarios, trabajadores, organismos estatales y organizaciones sociales.
El diagnóstico incluido en el plan advierte sobre desigualdades regionales en el acceso a servicios, así como la fragilidad de los dispositivos territoriales. Asimismo, señala que la pandemia de Covid-19 profundizó problemáticas como los padecimientos subjetivos, los consumos problemáticos y las situaciones de violencia.
Otro de los puntos críticos se vincula con infancias y juventudes, donde se registra un incremento de sufrimientos psíquicos, consumo de sustancias y procesos de medicalización temprana.
Desde una perspectiva jurídica, la legisladora remarcó que la implementación del plan constituye una obligación del Estado, en función de la legislación nacional y provincial vigente, así como de los tratados internacionales de derechos humanos.
En ese marco, los autores del proyecto consideran imprescindible que el Ejecutivo garantice los recursos humanos, presupuestarios e institucionales necesarios para cumplir con los objetivos del plan.
Entre los fundamentos, se destaca un informe del Ministerio Público de la Acusación de 2025 que revela que los suicidios representaron el 46,5% de las muertes violentas en Santa Fe, superando ampliamente a los homicidios dolosos, que alcanzaron el 21,8%.
Para Balagué, estos datos reflejan la urgencia de fortalecer políticas preventivas y comunitarias, con énfasis en la atención temprana y el abordaje integral de los padecimientos mentales y los consumos problemáticos.
Finalmente, la legisladora sostuvo que el cambio hacia un modelo de salud mental comunitaria requiere decisiones políticas sostenidas, continuidad institucional y una fuerte presencia del Estado en el territorio para garantizar el acceso a cuidados dignos e integrales.
En cuanto a los lineamientos del plan, se destacan la transformación del modelo de atención, la descentralización de los servicios, la garantía de los derechos humanos y el trabajo intersectorial para acompañar los procesos de inclusión social.